Sencillamente criticable

El sector de transporte público de pasajeros es la evidencia permanente del irrespeto al Estado de Derecho. Nadie cumple las leyes.
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Esta es la reacción que cualquier ciudadano conocedor de las leyes tiene ante el anuncio del Viceministerio de Transporte (VMT) de “aprovechar la implementación de tarjetas electrónicas para el pago de pasaje” como excusa y pretexto para obligar a los concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros a cumplir con las leyes vigentes en el mercado laboral.

El sector de transporte público de pasajeros es la evidencia permanente del irrespeto al Estado de Derecho. Nadie cumple las leyes. Todos se hacen del ojo pacho para el cumplimiento de las normativas. Allí no se respeta el derecho a la vida, allí no se respeta el derecho a la integridad personal, allí no se respeta el derecho de igualdad ante la ley, allí no se respeta el derecho a la salud, tampoco se respeta el derecho al trabajo. Allí se irrespetan los derechos constitucionales fundamentales. Y todo esto sucede con la indiferencia y la tolerancia de las autoridades. Y precisamente porque las autoridades durante los últimos cinco gobiernos no han sido capaces de respetar la ley, es un sector en donde la impunidad campea a diestra y siniestra.

En este sector pasa lo que muchos critican en las maquilas. Los empresarios no cumplen con sus obligaciones, dicen unos y otros. El Ministerio de Trabajo tampoco cumple con su trabajo, dicen unos y otros. Y no lo hace porque no tiene suficiente recurso para hacer inspecciones aleatorias en todos los sectores de la economía. Pero ¿por qué han sido tan permisivos con este sector? ¿Por qué, conscientes de las inseguras condiciones de trabajo, dejan que los concesionarios incumplan las leyes laborales?

¿Leyes laborales? Al menos hay que preguntarle a las autoridades: ¿aplican algún artículo del Código de Trabajo vigente desde 1972? ¿Aplican algún artículo de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones vigente desde 2006? ¿Aplican algún artículo de la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional vigente desde 1956? ¿Qué artículos se aplican efectivamente de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y de Seguridad Vial vigente desde 2007?

Pregunto porque el artículo 47 de la mencionada normativa establece: “Toda persona natural o jurídica que pretenda prestar servicio público de pasajeros u otros servicios públicos colectivos especiales de pasajeros deberá contar con la concesión respectiva para la prestación del servicio respectivo, la cual será otorgada por el Viceministerio de Transporte por un período de 10 años prorrogables en iguales condiciones, siempre que el concesionario cumpla con la ley”. ¿Cuál ley? ¿Cuáles leyes? ¿Qué excepciones se hacen? ¿Por qué se les concede el “privilegio” de la informalidad?

Debe cuestionarse al viceministerio sobre este tema porque es generalizada la insatisfacción y la indignación ciudadana con este sector. Indiscutiblemente si se tuviera la decisión y la valentía de cumplir con la ley y hacer los cambios estructurales, el ambiente cambiaría y los riesgos y las amenazas también.

Preocupa que públicamente se reconozca que el 68 % (puede ser el 72 %) de los concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros esté en la informalidad o, como se dice, en la piratería concesionaria de un servicio público que es de responsabilidad del Estado regular y supervisar. Son concesionarios de un servicio fundamental, lo prestan con unidades de transporte viejas, sin mantenimiento y en mal estado. Y contratan personal sin criterios de selección ni evaluación. Seguro que ni siquiera comprueban que tengan licencia de conducir. Y peor, los empleados no suscriben contrato, no tienen jornada laboral, no tienen vacaciones, no tienen seguro social y mucho menos ahorran en el sistema de pensiones.

No dudo que la tolerancia y la impunidad en las concesiones del servicio de transporte público de pasajeros explican las irregularidades de todo orden en el sector. El problema tiene décadas, pero ya es hora que de una vez por todas limpien la mesa. No se vale continuar “heredando” el problema al que sigue. Van 46 meses de nueva administración y en el sistema de transporte público de pasajeros no se siente “el cambio”.

Tags:

  • leyes vigentes
  • cumplimiento
  • derechos constitucionales

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