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Sí fue crisis

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El art. 86 de la Constitución establece: "El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas".

De esa disposición se extrae el principio de separación de poderes. Sobre él, la Sala de lo Constitucional ha expresado: "El gobierno limitado por normas; la presencia de controles interorgánicos recíprocos; la efectividad de un sistema de derechos fundamentales; el control judicial de legalidad; y el control de constitucionalidad de las leyes son todos elementos consustanciales al Estado Constitucional y Democrático de Derecho" (Sentencia Inc. 1-2010 acum. del 25/VIII/2010).

El principio de separación de poderes está inmerso en otra categoría constitucional, el principio republicano. De acuerdo con el art. 85 de la Constitución este, junto con los principios democrático y representativo, definen la forma de gobierno del Estado de El Salvador. Y una transgresión a la forma de gobierno prevista por la Constitución no es poca cosa. El art. 87 de la Constitución dispone que las violaciones a la forma de gobierno están dentro del limitado catálogo de vulneraciones que justifican el derecho a la insurrección.

Es por todo ello que una transgresión al sistema de controles constitucionales interorgánicos, y con ello al principio de separación de poderes, es una circunstancia preocupante. Dicho eso, ¿acaso la omisión de la Asamblea Legislativa en elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia provocó una vulneración de semejante magnitud?

Errores de hace más de una década nos llevaron a que hoy, en 2018, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) supusiera llenar la vacancia de cuatro de las cinco sillas de la Sala de lo Constitucional. De ese modo, la particularidad que en estas circunstancias provocó la demora del parlamento en elegir es que el tribunal constitucional careció de cuórum suficiente para tomar decisiones propias de su competencia.

Así, la omisión de la Asamblea Legislativa nos llevó a que durante cuatro meses, luego de un récord histórico, faltara uno de los órganos fundamentales: el Tribunal Constitucional.

Lo anterior, ineludiblemente, distorsionó un sistema basado en un poder separado en distintos Órganos que deben controlarse entre sí. El ejemplo más claro de tal irregularidad es el caso del veto presidencial a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. La ausencia de un tribunal constitucional volvió imposible resolver esa controversia entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Es imposible ocultar que la Asamblea Legislativa nos colocó a todos en una situación gravísima en que se vulnera el principio de separación de poderes, y con ello se distorsionó la forma de gobierno republicano prevista en la Constitución. Esto no es normal. Por el contrario, constituye una de las crisis constitucionales más graves desde la firma de los Acuerdos de Paz.

De ahí, que no es posible coincidir con quienes pretendieron desestimar las gravísimas consecuencias del retraso en la elección de magistrados e, incluso, atacaron a quienes condenamos la crisis en que nos colocaron los diputados.

Tags:

  • Sala de lo Constitucional
  • separación de poderes
  • Asamblea Legislativa
  • magistrados
  • gobierno republicano

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