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Si la autoridad no da el ejemplo de cumplimiento de sus deberes muy difícilmente podrá normalizarse la situación del país

La primera responsabilidad de las instituciones públicas, y en particular de aquellas que están al frente del desempeño estatal, consiste en asumir sus respectivos deberes en forma plena y ejercerlos conforme a lo que manda el bien común, que es lo que les conviene tanto al país como a su gente.
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Uno de los aspectos más delicados de la situación actual en el país es el que se refiere a la forma en que la institucionalidad asume sus responsabilidades y les da cumplimiento. No es casual que haya entre la ciudadanía una sensación muy notoria de que no está conforme con los modos de proceder institucional en términos generales; y es que lo que la población está demandando de manera constante es producción de resultados y no sólo declaraciones ajustadas a los intereses de los que están al frente de la conducción nacional y de los que dependen de ellos. Independientemente de las justificaciones y de las excusas que se esgriman en situaciones determinadas, lo cierto es que los servicios públicos más vitales están en muchos sentidos en condiciones críticas y esto no se puede ocultar porque la gente lo vive a diario.

Esa cotidianidad a la que nos referimos está cada vez más presionada a dar respuestas verdaderas y efectivas a todas las problemáticas nacionales que se hallan esperando ser atendidas en serio desde hace tanto tiempo. Y aquí se demuestra que el mero asistencialismo nunca es suficiente para resolver problemas sociales, como alega la publicidad que esgrime el populismo aquí y en cualquier otra parte: lo que se necesita es generar dinámicas que vayan siendo capaces de modificar en positivo y de manera consistente las condiciones de vida de todos, y muy en especial de aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables.

Lo anterior exige que la institucionalidad se comprometa de veras con el progreso y no se quede limitada a cumplir consignas políticas circunstanciales, porque eso lo que hace es irle poniendo constantes obstáculos a la auténtica evolución progresista, como se puede constatar sin dificultad con sólo hacer un somero recuento de la experiencia nacional al respecto. La primera responsabilidad de las instituciones públicas, y en particular de aquellas que están al frente del desempeño estatal, consiste en asumir sus respectivos deberes en forma plena y ejercerlos conforme a lo que manda el bien común, que es lo que les conviene tanto al país como a su gente.

Según se constata en el diversificado quehacer institucional, que va desde las tareas puramente políticas hasta aquellas básicamente administrativas, como las que tienen a su cargo los ministerios y las entidades autónomas, lo primero que habría que garantizar en forma inequívoca es la voluntad de hacer las cosas bien, sin desviaciones interesadas ni sesgos utilitarios. El Estado, en todas sus expresiones, debe prestar todos los servicios que tiene encomendados teniendo como brújula mayor el beneficio de la población en general, que es a quien representa para servir y no para servirse. Más allá de los discursos y las declaraciones, que se han vuelto cada vez menos creíbles, lo que prácticamente todo el mundo espera es que haya lealtad a la función, compromiso con la eficiencia y garantía de fiel cumplimiento.

En gran medida la anormalidad generalizada que padecemos es producto de la práctica muy poco responsable de los poderes públicos. Esto hay que enderezarlo cuanto antes para que el país se enrumbe sin vacilaciones ni equívocos hacia las metas de prosperidad que hay que salvaguardar a toda costa.

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