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Si la corrupción no recibe el tratamiento y el castigo correspondientes siempre estaremos atrapados en la inviabilidad institucional

La corrupción es una plaga recurrente que hay que vigilar y atacar sin descanso, porque su capacidad reproductiva no tiene límites. En nuestro país, la institucionalidad debe ser reforzada constantemente con todo lo que se necesite, según se vayan dando los requerimientos de esta lucha, que a su vez tiene que sofisticarse en la medida que lo hacen los procederes corruptos.

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La corrupción nunca dejará de ser una amenaza contra la normalidad de los procesos institucionales y un flagelo siempre dispuesto a poner en jaque el desenvolvimiento de la evolución nacional. Y es que las tentaciones de sacar ventajas indebidas se hacen presentes a cada instante en cualquier ámbito social, económico o político, aquí y en todas partes, como lo muestra la realidad que se vive en el día a día, y que hoy, por la instantaneidad de las comunicaciones virtuales, está a disposición de todos independientemente del lugar en que cada quien se encuentre y de las posibilidades de que cada quien disponga. No olvidemos que este es un mundo global, para lo bueno y para lo malo.

Por las revelaciones que van apareciendo reiteradamente en diversas zonas y países se hace patente que la incidencia de la corrupción y de la impunidad viene de lejos y no reconoce fronteras; y el hecho de que estemos hoy en una hora de destapes resulta un testimonio prometedor de que las cosas en estos ámbitos van entrando en una nueva perspectiva sin precedentes. Los ocultamientos tradicionales van cediéndole paso a los fogonazos esclarecedores que recorren prácticamente todas las latitudes. Pero evidentemente no basta con destapar los vicios abusivos y los procederes delincuenciales: hay que asegurar que los enjuiciamientos deriven en castigos ejemplarizantes para los que resulten salpicados de culpa y que tal consecuencia pueda desplegar en todos los sectores de la sociedad su función disuasiva.

En nuestro país, luego de un larguísimo tiempo en que las actuaciones públicas estuvieron blindadas por el silencio y por la complicidad tanto política como institucional, en detrimento de los intereses ciudadanos y de la salud del proceso nacional, las aperturas inevitables que va produciendo la práctica democrática sostenida, por imperfecta e insuficiente que aún sea, generan efectos benéficos para el proceso en marcha; y eso es lo que se está produciendo en lo que se refiere al destape progresivo de la corrupción y al notorio debilitamiento de la impunidad. Si esto se mantiene en pie, por encima de todos los intentos y maniobras para frenarlo, la dinámica de los cambios positivos podrá seguir abriéndose paso en el país.

La corrupción no sólo es atentatoria contra la moralidad pública y contra la legalidad establecida sino que representa la peor agresión contra la normalidad institucional, con todos los efectos nefastos que eso trae consigo. Y no hay que confiarse nunca, ni siquiera cuando se dan procesos dramáticamente restauradores, como es el caso de Guatemala, donde los que llegaron después de sacar a los corruptos enarbolando la bandera de la probidad acabaron muy pronto embarcándose en los mismos vicios. La corrupción es una plaga recurrente que hay que vigilar y atacar sin descanso, porque su capacidad reproductiva no tiene límites.

En nuestro país, la institucionalidad debe ser reforzada constantemente con todo lo que se necesite, según se vayan dando los requerimientos de esta lucha, que a su vez tiene que sofisticarse en la medida que lo hacen los procederes corruptos.

Como reiteramos cuantas veces se hace oportuno, lo que está en juego no sólo es la salud del sistema sino su viabilidad para desempeñarse como tal en todos los aspectos correspondientes. Es, pues, tarea de supervivencia que hay que encarar a fondo.

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