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Si la problemática de la inseguridad ciudadana no se ataca a fondo desde el ámbito institucional, las tentaciones de buscar salidas alternativas irán creciendo

Hay que ir al encuentro de ese plan de país que, en lo que toca a la temática y a la problemática de la inseguridad y de la criminalidad, tiene que ser concreto, realista, directo y sostenido en el tiempo. Esperamos que hacia ahí se orienten todos los esfuerzos.
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Es claro sin ninguna duda que el problema de la inseguridad ha venido ganando espacios en nuestro ambiente, haciendo que la ciudadanía se sienta agobiada e indefensa y que la institucionalidad esté cada vez más enfrentada a un desafío de grandes proporciones. Este desde luego no es un caso tradicional de delincuencia común, sino un complicadísimo trastorno que es producto de la delincuencia organizada; y al ser así, lo primero que habría que plantearse es el diagnóstico integral y completo de lo que ocurre en los distintos espacios del cuerpo social para aplicar desde ahí una estrategia que vaya realmente a la médula del problema y que ponga en marcha los mecanismos de control efectivo que son indispensables conforme a lo que es la situación ahora mismo.

Es evidente que dicha situación está fuera de control, pues aunque se vienen aplicando medidas institucionales para hacerle frente a la realidad del día a día, hasta la fecha lo que no se tiene bien definido, articulado y programado es un plan de lucha que, al ponerse en práctica, sea capaz de ir revirtiendo lo que hoy se vive y se padece en detrimento de la estabilidad tanto ciudadana como institucional. En este punto, quizás con más urgencia que en ningún otro, es preciso darle vida a un enfoque y a un tratamiento en los que haya pleno acuerdo entre todas las fuerzas nacionales. Las ideas y las iniciativas tienen que ponerse en línea para empujar todos juntos hacia las metas de la seguridad en las diversas expresiones de ésta.

Como siempre sucede, cuando la ciudadanía es la víctima principal de los hechos salidos de control y las estructuras institucionales directamente encargadas de velar por su debida protección no logran satisfacer a cabalidad los valederos reclamos de dicha ciudadanía al respecto, son naturales los impulsos ciudadanos de tomar de alguna manera la tarea por su cuenta. Ya estamos en ese nivel, y los mecanismos de autodefensa empiezan a surgir. Esto evidentemente encierra muchos peligros, porque con facilidad tales mecanismos se vuelven incontrolables para la autoridad, y en definitiva la supuesta medicina puede resultar tan grave como el mal que se busca erradicar. Y esto lo que viene a enfatizar en este preciso momento y en esta específica coyuntura es el imperativo de fortalecer significativamente a las instituciones encargadas –como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial– para que en conjunto puedan cumplir a plenitud su cometido.

En el país tenemos que ordenarlo prácticamente todo, comenzando por el manejo del quehacer político, que a todas luces no responde de manera adecuada a los desafíos de una realidad cada vez más compleja. Y dicho ordenamiento tendría que empezar por poner los fueros de la ley en el lugar que les corresponde, por encima de cualquier otra consideración. La ley debe aplicarse de veras, y ninguna conducta que la vulnere puede quedar impunemente al margen bajo ningún pretexto. Esto implica muchos reajustes institucionales para lograr que la represión del delito en todas sus formas opere sin restricciones ni excepciones.

Hay que ir al encuentro de ese plan de país que, en lo que toca a la temática y a la problemática de la inseguridad y de la criminalidad, tiene que ser concreto, realista, directo y sostenido en el tiempo. Esperamos que hacia ahí se orienten todos los esfuerzos.
 

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  • inseguridad
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