Si no hay proyectos nacionales que se echen a andar en serio y de inmediato no saldremos del atolladero.

Dentro de unas cuantas semanas habrá elecciones legislativas, y el voto ciudadano tiene el encargo preciso de asegurar los equilibrios de poder que impulsen las políticas del entendimiento y de la efectividad.
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Los salvadoreños tenemos que tomar debida nota de las oportunidades que se han dejado escapar en el pasado reciente por inercia e ineptitud gubernamentales, precisamente en un momento en que nuestros vecinos del entorno centroamericano están desplegando iniciativas de desarrollo para integrarse al ritmo global. Un ejemplo que desafortunadamente ya podemos considerar emblemático de esa actitud de descuido irresponsable que señalábamos antes es lo sucedido con el Puerto de La Unión, un proyecto que surgió hace una década, con ímpetu de ser detonante de modernización audaz en la zona oriental de nuestro país, y con proyección nacional y apertura hacia el mundo, conforme a las circunstancias favorables que los tiempos habilitan.

La visión original del Puerto de La Unión fue crear un enlace entre este renovado Puerto salvadoreño, que sería el único de tercera generación en el Pacífico centroamericano, con Puerto Cortés, el único puerto de tercera generación en el Atlántico centroamericano. Ambos puertos estarían unidos por una vía terrestre interoceánica. Con el apoyo japonés, la construcción de La Unión tomó vuelo; y al mismo tiempo se crearon las coordenadas de desarrollo en la zona oriental, con un replanteamiento de la ciudad de La Unión y sus alrededores, para lo cual se establecería una zona especial con administración autónoma. El propósito era generar una nueva ruta para el comercio mundial, administrada por un operador del mismo nivel.

Cuando ya el proyecto estaba por concluir su fase de habilitación, a la hora de decidir la ley de concesión se trabaron las carretas. Se dijo que no existían los votos suficientes en la Asamblea, pero eso era a todas luces un pretexto. Volvió a aparecer el viejo vicio de pensar en primer lugar en lo que va a recibir el Estado, sin tomar en cuenta lo que va a aprovechar el país. Y si siguen prevaleciendo, según se ve en los hechos, criterios tan distorsionadores como ese, cada vez nos iremos quedando más atrás. ¿Cuánto más tendremos que desperdiciar irresponsablemente antes de entender que el éxito es de los que van con creatividad hacia adelante y no de los que se quedan a la zaga? Y aquí el señalamiento principal cae en los Gobiernos sucesivos, que han antepuesto y anteponen intereses puramente coyunturales al gran interés nacional.

En el caso de La Unión, ya todos los países del entorno se nos adelantaron de manera decisiva. El tiempo perdido nunca se recupera y lo que hace es multiplicarse por su cuenta en pérdida irrecuperable. Eso debería servir como urgente y apremiante llamado de atención para que los que conducen la cosa pública reconozcan de una vez por todas que sin rumbo correcto, consistente y concertado no es posible hallarle solución a ninguno de nuestros grandes problemas.

La ciudadanía también debe poner lo suyo en este empeño, que es tan básico y determinante de nuestra suerte en el presente y en el futuro. Dentro de unas cuantas semanas habrá elecciones legislativas, y el voto ciudadano tiene el encargo preciso de asegurar los equilibrios de poder que impulsen las políticas del entendimiento y de la efectividad. No hay por dónde perderse: sin eficiencia y sin coherencia no hay programa que pueda salir adelante. Esta no es cuestión de ideología, y mucho menos de hegemonismo ideológico, sino de comprensión de la realidad y de compromiso con las mejores políticas para que el buen tratamiento de la realidad nos permita impulsarnos como sociedad en vías de progreso real y compartido.

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