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Si no se llega a un pacto fiscal razonable, responsable y flexible seguiremos inmersos en la polémica que no lleva a ninguna parte

Pese a que todos los signos presentes apuntan hacia la implantación de una racionalidad que ya no admite demoras, en este y todos los otros campos, no se ven señales de que se vaya a trabajar en serio por ese pacto fiscal que vendría a ordenar muchas cosas en el ambiente.
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El hecho de no contar con una práctica debidamente establecida y disciplinada para el desempeño de las finanzas públicas nos ha conducido, como país, hacia el estado actual de cosas en el que no sólo hay inmanejabilidad operativa sino también imprevisibilidad manifiesta. El Estado necesita insumos económicos constantes para poder desarrollar sus innumerables funciones naturales, y a esto hay que agregar que los gobiernos que se van sucediendo en el tiempo tienen sus metas específicas, derivadas en gran medida de las promesas y ofertas presentadas a la ciudadanía durante las campañas para obtener el voto popular. Los fondos, pues, son vitales para funcionar en todos los sentidos, y entonces el manejo inteligente y responsable de los mismos se vuelve pieza clave para la gobernabilidad entendida y asumida en el buen sentido del término.

La falta de ese programa financiero que aseguraría la sostenibilidad fiscal en toda circunstancia hace que la situación se vuelva cada vez más difícil, y más cuando hay resistencias tan intransigentes a ordenar el ingreso y a disciplinar el gasto. Lo que hemos visto en los tiempos más recientes es una tendencia que va a contracorriente de lo que demandan las condiciones reales: se están aumentando las obligaciones financieras, sobre todo en eso que se ha dado en llamar “programas sociales”, sin tomar en cuenta las disponibilidades realistas; y, como efecto de ello, se presiona constantemente por más endeudamiento sin tomar en cuenta las posibilidades de efectivo y oportuno cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El tema específico de la deuda de corto plazo tiene que ser atendido de manera muy precisa y dentro de un marco de previsibilidad que evite las urgencias de momento, que siempre son proclives a generar conflictividades políticas. El manejo de la deuda de corto plazo se ha venido distorsionando porque está vinculado a las simulaciones que se dan a la hora de estructurar el Presupuesto General del Estado, cuyos equilibrios se manipulan para no tener que requerir mayorías calificadas en la Asamblea Legislativa al momento de la aprobación anual. Y todo esto es parte de un desajuste constante que se maquilla de las más diversas formas, sin por ello dejar de producir los efectos perturbadores que tanto inciden en la normalidad del sistema.

El punto clave en toda esta temática es el referente al enfoque que debe tener la cuestión financiera para que responda a lo que el país necesita y a lo que las circunstancias reales permiten. Ya se sabe que la tendencia de los que ejercen el poder se dirige a ganar voluntades al costo que sea, porque siempre se piensa más en los beneficios coyunturales de grupo y de sector que en el mejoramiento de las condiciones de vida en plan permanente; pero hay un momento en que tal tendencia se vuelve insustentable, porque ya no hay para dónde estirar la pita de los recursos disponibles, y a ese momento hemos llegado ya en el país. Reconocerlo y aceptarlo es lo que se impone para no seguir creando más cárcavas institucionales de alto riesgo.

Pese a que todos los signos presentes apuntan hacia la implantación de una racionalidad que ya no admite demoras, en este y todos los otros campos, no se ven señales de que se vaya a trabajar en serio por ese pacto fiscal que vendría a ordenar muchas cosas en el ambiente. Y por eso hay que seguir insistiendo sistemáticamente en tal imperativo, de cuya activación depende ver en el horizonte inmediato la boca del túnel.

Tags:

  • presupuesto general del estado
  • democracia
  • sustentable
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  • programas sociales
  • deuda de corto plazo

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