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Sigue aplicando la presunción de inocencia

En enero de 2014, el expresidente Flores rindió declaraciones ante la Asamblea Legislativa en el contexto de investigaciones sobre el destino de donativos hechos por Taiwán. Ante eso, publicamos la columna titulada “Por la transparencia y probidad” y dijimos: “Pedimos al fiscal general que inicie y desarrolle las investigaciones correspondientes para determinar si la recepción de tales donaciones, la omisión de pagar tributos respecto a ellas o el destino de las mismas configuran algún ilícito. Tales investigaciones deben realizarse de manera objetiva y respetando las garantías fundamentales de los individuos involucrados”.
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Centro de Estudios Jurídicos, por el Imperio del Derecho

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Se inició un proceso penal, pero no terminó con una sentencia, pues, en el curso del mismo falleció el expresidente. Era la primera vez que alguien que había ocupado un cargo de tan alto nivel se sujetaba a un proceso penal. Eso supuso un avance importante en el funcionamiento de la institucionalidad y fortalecimiento de la justicia.

El proceso tuvo algunos cuestionamientos, sobre todo porque fue evidente el ánimo de apoyarse en una exhibición mediática capaz de vulnerar la presunción de inocencia. El tratamiento mediático, cuando no es realizado con profesionalismo, lejos de fortalecer la justicia, puede provocar su debilitamiento.

Después conocimos del inicio de un proceso penal contra el expresidente Saca y otros funcionarios relacionados. En ese caso, aún en trámite, a los imputados se les acusa de cometer los delitos de peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y otros. Una nueva prueba a la institucionalidad y la independencia judicial.

En 2016, supimos de un allanamiento en la residencia del expresidente Funes. El inicio de una investigación contra un tercer expresidente mandaba un mensaje contundente: la corrupción se investigaría y se enjuiciaría sin importar su procedencia. Pero de nuevo, en las investigaciones iniciales se puso hincapié en la parte mediática; mientras se realizaba la diligencia, las redes sociales publicaban fotografías de los objetos recabados. Todos vimos los resultados de la diligencia antes que el juez. Eso facilitó que el expresidente evitara enfrentarse al proceso yéndose a Nicaragua y, meses después, obtuviera asilo político.

Hace unos días, supimos que la Fiscalía ordenó la captura del expresidente Funes y de varios sujetos cercanos a este. La explicación de las investigaciones y hallazgos revela un sofisticado entramado que, de comprobarse, implicaría el cometimiento de varias figuras delictivas, todas graves.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Ya inició un linchamiento mediático como el ocurrido con los expresidentes Flores y Saca.

Reconocemos que indigna, pero la justicia no debe ser venganza, espectáculo ni escarnio público. La justicia debe buscar la verdad, y eso pasa por castigar a los culpables, absolver a los inocentes y resarcir a las víctimas.

Con total claridad manifestamos que apoyamos y reconocemos los esfuerzos realizados por la Fiscalía General en el combate a la corrupción; es plausible lo que estamos viendo. Nuestro apoyo a su vez implica que le instemos a mantener una actitud firme en las investigaciones, rechazando y denunciando cualquier intento de interferencia política. Pedimos que los procesos a promover se hagan respetando el principio de presunción de inocencia, y manteniendo el carácter técnico de las investigaciones.

La valentía e independencia demostrada en esta gestión deben acompañarse de una actitud responsable y respetuosa de la presunción de inocencia; en este y en cualquier caso.

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