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Siguen los destapes de corrupción gubernamental, y eso impulsa a desmantelar la impunidad

La corrupción es un cáncer profundamente destructor y la impunidad es su vía de acceso más habilitante.

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En el país se viene produciendo un ejercicio muy significativo y aleccionador en la línea de poner en evidencia los manejos abusivos del poder y las prácticas corruptas que resultan de tales abusos. La corrupción no es algo nuevo en el tiempo, pero sin duda –y las evidencias lo demuestran de modo inequívoco– en las Administraciones gubernamentales más recientes, y en particular las que se dieron entre 1999 y 2014, los procederes corruptos fueron en escalada, hasta límites que al descubrirse resultan casi inverosímiles. La corrupción llegó a tal punto que las instituciones encargadas legalmente de velar por el sano y responsable manejo especialmente de las finanzas públicas tuvieron que empezar a despertar de sus letargos y a apartarse de sus complicidades para iniciar una nueva ruta conforme a los mandatos expresos de la ley.

En primer término está el giro reordenador que se emprendió en la Fiscalía General de la República en la gestión anterior de la misma. Según el texto constitucional, en su artículo 193, numeral 3º, corresponde al Fiscal General de la República "Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley". Esta es una disposición expresa e inequívoca, que debe ser cumplida y respetada en todo momento y circunstancia. Lo enfatizamos ahora porque, al estar en vías de configuración una CICIES en nuestro país, hay que asegurar que dicho aporte internacional venga a contribuir al buen desempeño de la función nacional ya definida constitucionalmente.

La lucha contra la corrupción y el desmantelamiento de la impunidad van siempre en ruta paralela, como lo demuestran los hechos en todos los casos en que dichas dinámicas correctivas y depuradoras se emprenden de manera confiable y verificable. Afortunadamente, y por las evidencias que vienen acumulándose en el curso de los años más recientes, en El Salvador hay en acción un dinamismo reparador al respecto, y eso no sólo hay que sostenerlo con todos los aportes necesarios sino propiciarlo día tras día por medio de compromisos institucionales y políticos que no dejen duda de que este es un esfuerzo que no va a cesar ni a descomponerse por efecto de las maniobras del poder.

Es fundamental que se dé, ahora mismo y de aquí en adelante, una reafirmación explícita de que no habrá ningún tipo de retroceso desactivante ni ninguna evasiva disfrazada para darles de nuevo espacios de incidencia a las conductas viciosas que se han puesto en dramática notoriedad, y que hoy están afortunadamente en el ojo público. La sostenibilidad del afán saneador depende, sin duda, de que las acciones que se ejercen al respecto se vayan institucionalizando cada vez más, hasta asumir la condición de naturalidad incuestionable que debe serles propia.

Cuando llegue a establecerse la CICIES, como ya se anuncia con la gestión de apoyos de entidades internacionales como la ONU y la OEA, hay que tener exactamente definidas todas las áreas de acción, para preservar, como decíamos antes, el respeto pleno a institucionalidad nacional establecida. Esto no sólo debe servir para reconocer el imperio de la ley sino también para ejemplificar efectivamente sobre este tipo de misiones compartidas conforme a los estándares de colaboración que responden a los nuevos esquemas regionales y globales.

La corrupción es un cáncer profundamente destructor y la impunidad es su vía de acceso más habilitante. Hacer que ambas entren en vía de extinción irreversible debe ser una misión de salvaguarda social, política e institucional insoslayable. Continuar en esa tarea tan vital para todo y para todos es lo que corresponde sin excusas.

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Tags:

  • corrupción
  • Fiscalía General
  • CICIES
  • impunidad
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