Silencioso conflicto

El tema de la relación conflictiva entre un Tribunal Constitucional y una Asamblea Legislativa es ya universal. Son instituciones de roce por la facultad controladora del Tribunal Constitucional de los actos de autoridad, especialmente de la Asamblea Legislativa.
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Decimos “silencioso” porque no tiene en 2016 y 2017 resonancia electoral, pero sí es alimentado por discursos bélicos que bloquean el tan infructuosamente buscado diálogo que nos debe llevar a un acuerdo nuevo.

Valgan algunas reflexiones cuando el FMLN se pronuncia, imitando los casos históricos, donde algunos políticos tomaron acciones orientadas a absorber todo el poder dentro del Estado. La ruta en El Salvador está vista y confesada: acceso al Poder Ejecutivo en elecciones amañadas (2012 y 2014) que deslegitiman el actual régimen y el dominio por mayoría simple “comprada aritméticamente” en la Asamblea Legislativa; y para 2018 tomar directamente el Poder Judicial, para manejar el “control constitucional” desde el FMLN e imponernos una justicia político-partidista.

Existen iguales ejemplos, ya clásicos: Rusia con Stalin, Cuba con Batista, Italia con Mussolini, Nicaragua con Somoza; Molina, Romero y Duarte en El Salvador.

Cito los casos emblemáticos del acta última de escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral que “Declara electos” tanto a los diputados propietarios como a los suplentes. En el caso de estos últimos, no existe un solo ciudadano que afirme que “votó” por un suplente. Sin embargo el Tribunal Supremo Electoral en 2012 (Eugenio Chicas) y en 2015 (Julio Olivo) declararon electos a 84 diputados suplentes que no existen, pues la Constitución en su artículo 80 establece que los diputados a la Asamblea Legislativa son funcionarios de elección popular. Esto significa que nacen de la voluntad ciudadana ejercida a través del voto. Más aún, la Constitución condiciona el ejercicio de ese poder exclusivamente a los diputados electos cuando hace alusión a la formación de la voluntad legislativa (art. 123, 131 n.º 20 y 27, 137, 147, 148 y 186 (2) Cn.).

Los doctores Ángel Góchez Marín, Enrique Borgo Bustamante y el que escribe, dentro de nuestros frecuentes análisis de la realidad jurídica salvadoreña, evaluamos y decidimos iniciar proceso de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo n.º 763, del 30-VII-2014, con una intención orientadora y reparadora del pecado constitucional del Tribunal Supremo Electoral, que integró en 2012 una Asamblea Legislativa con suplentes que no existieron. Nuestra solicitud de inconstitucionalidad tuvo la finalidad de evitar que el actual Tribunal Supremo Electoral se atreviera a hacer lo mismo en 2015, pero LO HIZO, burlándose ambos tribunales del pueblo salvadoreño, quien no ha electo ningún suplente en 2012 ni en 2015.

Estamos esperando la sentencia de la Sala de lo Constitucional para tener un precedente jurisprudencial.

Insistimos en consolidar la democracia obligando a las instituciones oficiales a respetar y acatar la Constitución. Ignorarla es ir contra la convivencia pacífica en el marco de un ESTADO CONSTITUCIONAL. Es pretender imponernos la arbitrariedad y el abuso de autoridad.

Ignorar las voces ciudadanas es gobernar de espaldas a la realidad. Peor aún, es darle la espalda al pueblo, que es el soberano.

La dimensión crítica de la problemática nos obliga a buscar soluciones, no a pronunciar discursos legislativos y partidarios incendiarios.

La ignorancia al igual que la soberbia son malos consejeros de un buen gobierno.

El presidente de la República debe prestar oídos sordos a quienes desde su misma trinchera política pretenden imponérsele. Reconozcamos sin embargo que vemos esfuerzos tímidos por sumar voluntades en la búsqueda de un mejor país. Le pedimos más porque sabemos que encontrará un terreno fértil en LOS DEMÁS. Unidos no, sumados desde la diferencia, SÍ.

Tags:

  • tse
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  • fmln
  • inconstitucionalidad

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