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“Sin corrupción el país avanza”

A los 195 años de Independencia Patria, aparecen en las calles de El Salvador nuevos afiches del GOES: “UNIDO el país avanza”.
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El eslogan es muy esperanzador pero ilusorio, difícil de entrever en el corto plazo y alejado del contexto político salvadoreño (por razones históricas de resentimientos no resueltos e incesantes confrontaciones).

Si pudiera seleccionar eslóganes con temas de país, los escogería más específicos y verosímiles en el corto plazo. Elegiría los siguientes eslóganes empezando con: “Sin corrupción el país avanza”. Seguido por: “Con una visión de país compartida el país avanza”, “Con un pacto fiscal más justo y equitativo el país avanza”, “Priorizando e invirtiendo en una educación pública de calidad el país avanza”, “Con estrategias productivas y sectoriales el país avanza”, “Con un adecuado sistema de salud el país avanza”, “Si cada uno cumple con sus obligaciones tributarias el país avanza”, etcétera. Hasta llegar a (si no se logra a corto plazo ninguno de los eslóganes mencionados anteriormente): “Con otros políticos y partidos políticos, el país avanza”.

“Sin corrupción el país avanza”. El poder corrompe y la corrupción mina el desarrollo social colectivo. Casos de corrupción que salen a la luz pública generan aún más desconfianza, frustración y pérdida de interés hacia la política.

La Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción reconocen que la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública por parte de las autoridades son herramientas idóneas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción.

El derecho a esta información no debería en ningún momento ser tildada de abuso de poder o intento de desestabilización. El derecho a la información es un derecho legítimo de la ciudadanía. Además, cualquier político o funcionario público acusado de delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública no debería ser valorado como “perseguido político” sino ser valorado por lo que simplemente es: “un probable corrupto”. El problema es que los que están en contra quieren que se perpetúen las oscuras prácticas de corrupción que siempre han existido en los órganos del Estado.

Sentimientos violentos, vengativos y de ira surgen cuando el “probable corrupto” es del partido de oposición. En cambio, sentimientos de apoyo, defensa e indignación surgen cuando el “probable corrupto” es del mismo partido o un partido afín. Cualquiera de esos sentimientos debería ser remplazado por sentimientos de pena e infinita vergüenza. Ser vengativo o defender lo indefendible no abona a la construcción de un verdadero Estado de derecho democrático.

Para que la impunidad no siga imperando en el país, la sociedad civil tiene que reclamar: la depuración del Órgano Judicial, la dotación de mayores recursos a la FGR, la eliminación de la prescripción de delitos económicos de corrupción (un instrumento que favorece la impunidad en el país) y la obligación de “desengavetar” los numerosos casos de corrupción antes que estos prescriban de manera injusta a los 10 años (porque representa un sistema corrupto de protección hacia algunos “patrocinados”).

Sófocles (495 a. C.-406 a. C.) dijo: “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo termina por hundirse en el abismo”. ¿Eso es lo que queremos, hundirnos en el abismo?

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