Lo más visto

Sin magistrados, ahora esperamos la elección del fiscal general

Enlace copiado
Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

Enlace copiado

Antes del 6 de enero de 2019, los diputados de la Asamblea Legislativa deberán haber elegido (o reelegido) a un fiscal general de la República probo, independiente y capaz de cumplir a cabalidad con sus funciones, incluyendo, por supuesto, la persecución de los delitos de corrupción. Esto supone, según el art. 98 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), que el 6 de noviembre del presente año, el Órgano Legislativo deberá haber recibido las postulaciones a dicho cargo, lo que a su vez significa que la convocatoria deberá abrirse semanas antes. El proceso es inminente.

Al fiscal general le corresponde dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil y promover la acción penal; defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios, velar que en las concesiones del Estado se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas, entre otras atribuciones de igual importancia. Sin un fiscal capaz y comprometido con la justicia, es virtualmente imposible que el Estado defienda sus intereses y que se persiga el delito. En otras palabras, no es viable el imperio del derecho.

Los diputados, sin embargo, no cumplen todavía con su primera labor de elección de funcionarios de segundo grado: la de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en particular, de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esto propicia la previsión de nuevos escenarios negativos: unión de ambas elecciones en un solo "combo"; mayor atraso en las necesarias reformas al RIAL para mejorar los procesos de elección de segundo grado; y un nuevo atraso en la elección del fiscal general. No estamos siendo pesimistas, sino alarmistas ante la pobre cultura democrática e irrespeto al republicanismo mostrado por los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Esto no debe continuar.

La actual legislatura ha prácticamente arruinado su primera gran oportunidad de dejar un legado positivo, burlando muy pronto la confianza del electorado que les dio su voto y denegando a los salvadoreños la institución encargada de proteger sus derechos en última instancia. Hemos visto un claro alejamiento del ideal de democracia deliberativa en la que se argumentan razones para llegar a consensos fructíferos.

En febrero del presente año, las organizaciones que conformamos el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción propusimos un proyecto de reforma al RIAL, con la intención de mejorar el proceso de elección de funcionarios, incorporando transparencia, participación ciudadana y métodos objetivos de evaluación de los aspirantes. Los diputados sostuvieron que no había tiempo suficiente para estudiar la propuesta porque eso los atrasaría en elegir a los magistrados. Habiéndose demostrado que son en realidad oscuros intereses los que provocan el atraso, este es el momento para exigir nuevamente la reforma, para que pueda aplicarse en la elección del fiscal general.

El trabajo que encomendamos a los diputados es una responsabilidad seria y quienes han sido elegidos deben afrontarla como tal. La sociedad no está dispuesta a tolerar que el criterio para elegir a los funcionarios que velan por la seguridad y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía continúe subordinado a intereses particulares o partidarios en la Asamblea Legislativa. ¡Hagan bien su trabajo!

Tags:

  • Asamblea Legislativa
  • fiscal general
  • funcionarios de segundo grado
  • democracia deliberativa
  • Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción
  • magistrados

Lee también

Comentarios