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Sistema de pensiones: Salir de la trampa ¿para caer en la trampa?

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Óscar Godoy

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Nadie ignora que el pensionado tiene que aceptar una pensión miserable, más cuando se encuentra en una etapa donde sus fuerzas se han reducido, y su cuerpo es más vulnerable a enfermedades cuyo tratamiento es carísimo en términos de atención especializada.

¿Por qué tiene que ser así?, ¿por qué el Estado no asume un liderazgo de alto nivel para salir de una vez por todas de esta trampa tan cruel para los trabajadores?, ¿por qué los liderazgos empresariales no toman un protagonismo solidario para encontrar una salida justa al problema?, ¿por qué las organizaciones de trabajadores no rompen el filtro ideológico que los ciega para ver las trampas de las soluciones que proponen?

Sabemos que el Sistema de Reparto fue un fracaso por la ineficiencia de los gobiernos, además de la falta de criterio técnico, el abuso en las asignaciones y el enfoque preferencial para privilegiar a pocos. Nadie ignora cómo los gobiernos anteriores utilizaron los Certificados de Inversión Previsional (CIP), para saquear este fondo, creando un agujero financiero quizá irrecuperable, un saqueo hasta del 45 % de los ahorros de los trabajadores, con la promesa de pagar entre 1.5 y 3 % de intereses, sabiendo que en el mercado ese interés podría ser entre el 7 y el 8 %, lo cual significa una pérdida adicional de cifras millonarias para la clase trabajadora.

Sabemos –también– que el sistema privado es un negocio que, en lo que va del actual sistema, se ha quedado con una fortuna de miles de millones de dólares en concepto de comisiones, además de la deficiencia en la gestión de inversiones de alta rentabilidad y de la incapacidad técnica y política para hacer que el Estado devuelva lo que ha tomado del fondo y los intereses pactados.

Entonces, la trampa está en que el Estado es un mal administrador de fondos de pensiones y es un corruptor del sistema al tener la potestad de acceso a grandes cantidades de dinero de los cotizantes, pero con bajísimos intereses –además de que tiene el poder de no pagar– y obviar las presiones de los trabajadores.

La trampa también está en que las AFP nos dicen que las cuentas de ahorro de pensiones son de los trabajadores, pero el cotizante no puede decidir cuánto de su aporte va para su cuenta, no puede decidir sobre el uso de ese dinero y no tiene voz ni voto en la toma de decisiones vinculadas a criterios de gasto, inversión y tasas de interés.

Entonces, con la certeza de que tanto el Estado como las AFP son el problema, hay que pensar en un sistema alterno, un sistema de alta dirección mixta, con poder compartido entre trabajadores, empresarios y gobierno. Se requiere un sistema gerenciado por ejecutivos de alta escuela y experiencia en banca privada y de una planta operativa basada en currículo, con una regulación moderna que asegure la eficiencia de gestión del fondo y que garantice que los políticos y los mercaderes ya no metan las manos en el dinero del pueblo, y que además sea capaz de recuperar el dinero y los intereses que adeuda el Estado.

Todo esto en el entendido de que se debe aumentar la cantidad de trabajadores cotizando al sistema, es decir, hay necesidad de una política urgente de activación económica a gran escala y una estrategia de generación masiva y sostenida de empleos formales, sin mencionar la necesidad de una mejora en la prestación de servicios de salud especializada para atender con seriedad la salud de los pensionados, y evitar que su pensión se gaste en atención médica, medicina y otros servicios de salud.

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