Soberanía de El Salvador

<p>Nuestra Constitución establece que El Salvador es un Estado soberano, cuya soberanía reside en el pueblo.</p>
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Tal calificación constituye el reconocimiento de su personalidad jurídica, con imperium dentro del territorio de la República en forma exclusiva y su existencia libre e independiente de cualquier Estado u otro poder externo, declarada desde la Constitución de 1824.<p>El poder político lo ejerce por medio del Gobierno y sus órganos fundamentales son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, quienes “lo ejercerán independientemente dentro de las atribuciones y competencias...” que les confieren la Constitución y las leyes... Al Legislativo solo las que le confiere la Constitución. Art. 131 n.º 8 CN. Cada uno de los órganos ejerce la soberanía independientemente: el Legislativo, esencialmente, legislar; el Ejecutivo, administrar; y el Judicial, la función jurisdiccional, la administración de justicia; todos dentro de los límites geográficos señalados por la Constitución y sobre los habitantes y actividades realizadas en su territorio.</p><p>El Salvador, como miembro de la comunidad internacional, para regular determinadas actividades o derechos internacionales, celebra tratados para resolver cualesquiera divergencias, en igualdad de condiciones y sin sometimiento a la soberanía de otros estados. El ideal de la Integración Centroamericana está reconocido en nuestro art. 89 de la Constitución, que prevé la celebración de tratados o convenios con las otras repúblicas centroamericanas, pudiendo crear organismos con funciones supranacionales. Es así como desde 1950 se creó la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), sustituido en 1991 por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en la cual se crea la Corte Centroamericana de Justicia. La jurisdicción y competencia de esa Corte, organismo regional centroamericano, limitada por tres elementos: 1) geográfica, los Estados que lo ratificaron (Honduras, El Salvador y Nicaragua); 2) materia, actos que afecten el Sistema de Integración Centroamericana, los Convenios y tratados; y 3) sujetos, Miembros y Órganos del SICA y además las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por tales actos.</p><p>La CCJ pretende que el art. 22 f) del estatuto le da competencia para conocer de una demanda de un órgano sin personalidad jurídica, que no puede ser parte, la Asamblea Legislativa, contra otro órgano que tampoco tiene personalidad jurídica y que tampoco puede ser parte, la Corte Suprema de Justicia, cuando la primera no ha respetado las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la segunda, declarando inconstitucionales las elecciones de magistrados de la Corte, realizadas por la mencionada Asamblea. Es decir, en una materia que no es de su competencia, ya que esta está limitada a los actos que afecten al SICA y los convenios o tratados centroamericanos; y por otra parte ni la Asamblea es persona jurídica ni la Corte Suprema lo es, solo son órganos, partes del Estado de El Salvador y quien representa al Estado es el fiscal general de la República. Finalmente la Asamblea tampoco es agraviada por las sentencias, en último caso serían los magistrados electos en 2006 y 2012, a quienes se les desconoce tal calidad.</p><p>En el extremo caso que dichas personas electas inconstitucionalmente hubieran presentado la demanda, esta era improcedente, a pesar de ser personas naturales, pues no se trata de un caso de controversia por un acto que afecte los estados centroamericanos, el SICA y sus órganos o un tratado vigente en materia de integración centroamericana.</p><p>&nbsp;</p>

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