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Sobre la gran “revelación”

Desde hace unos días circulan por internet unos supuestos “recibos” de sobresueldos que la administración Saca repartió, según la “fuente” que lo ha “revelado”, a varios exfuncionarios de ese periodo.
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Como suele suceder, los “medios” afines al gobierno han hecho su agosto con el tema y los troles se han lanzado en jauría a ganarse los frijolitos, cumpliendo a cabalidad la penosa tarea que el guion oficialista les asigna. Adicionalmente, esta semana los grupos de fachada del FMLN cometieron la torpeza de ir a poner un aviso a la Fiscalía General de la República para que indague sobre el asunto, lo que seguro nos conducirá a varios descubrimientos interesantes.

Pero antes de entrar en las posibilidades que se abren gracias a la intervención fiscal, me interesa aclarar lo que corresponde a este servidor. De los cuatro supuestos “recibos” que se exhiben para implicarme en la polémica de los sobresueldos, en al menos dos de ellos la firma que aparece es falsa. Repito: esas firmas están FALSIFICADAS, no son mías. A partir de ese solo dato, y por deducción lógica, albergo la sospecha de que los otros dos papeles también han sido manipulados de alguna manera (cosa fácil de hacer con las tecnologías disponibles).

Protegido bajo las “naguas” de Daniel Ortega, el expresidente Funes lanzó un tuit difamatorio en mi contra aprovechándose de la pretendida “revelación”, a lo que respondí ofreciéndole pagar su boleto aéreo en primera clase, Managua-San Salvador, para que me viniera a probar que las firmas en esos documentos son efectivamente mías. El ilustre asilado, por cierto, sigue sin dar respuesta a mi generosa oferta: se ve que la valentía solo le alcanza para las yemas de sus dedos.

Ahora bien, aunque los cuatro “recibos” de Federico Hernández sean falsos, es imposible descartar que más de alguno de los documentos puestos a circular sobre otros exfuncionarios tengan algún grado de autenticidad. Pero si así fuera, ¿quién debería revelar la fuente originaria de esos recibos? Obviamente, el sujeto que los subió a internet, que ante la Fiscalía no podrá alegar que la “ética” le obliga a guardar el secreto. Y eso es lo paradójico de que los grupos de fachada del oficialismo pusieran el aviso en sede fiscal, porque han puesto en graves aprietos al incauto personaje de las “revelaciones”.

Como es lógico pensar, únicamente existen dos fuentes posibles de los hipotéticos originales de estos documentos: los archivos incautados (y en custodia, supongo, de la PNC) que pertenecían a Élmer Charlaix, ex secretario privado de Tony Saca, o los archivos de la actual Casa Presidencial. En ambos casos podríamos estar delante de la configuración de delitos, porque la Fiscalía ha ordenado el resguardo de los documentos incautados mientras se procesa al exmandatario –lo que impediría, teóricamente, su sustracción, ya no digamos su circulación pública por internet– y porque si fueran personeros de CAPRES los responsables de las filtraciones, sería nuestro Gobierno el obligado a dar explicaciones convincentes.

Por mi parte descarto que el señor fiscal general, Lic. Douglas Meléndez, se esté prestando a maniobras tan bajas, pero es posible que haya elementos infiltrados en su institución que estén sustrayendo pruebas documentales ilícitamente. Y en lo referente a ciertos funcionarios oscuros del actual gabinete de gobierno, yo, sinceramente, los creo capaces de hacer cualquier cosa con tal de desacreditar a quienes adversamos al régimen.

Pero si el gobierno pretende intimidar con estas canalladas a sus críticos, justo como el chavismo empezó a hacer en Venezuela hace varios años, somos muchos los que vamos a enfrentar semejante podredumbre con un arma bastante más poderosa: la limpieza de conciencia.
 

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