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Sobre licitaciones y gasto público

Parece que muchos funcionarios desconocen el significado de la palabra licitación: es ofrecer un precio en subasta; pero, aplicado a la función gubernamental, constituye un sistema adjudicador de contratos a los participantes, previa convocatoria, que ofrezcan condiciones económicas y de calidad más ventajosas. ¿Se cumple esta condición en nuestro país? Talvez a medias, pues algunos otorgantes irrespetan requisitos que garanticen transparencia y fiel cumplimiento, en menoscabo de otros ofertantes y la honradez esperada, lo cual es más criticable cuando están en juego fondos públicos.
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Hace años algunas personas deshonestas en su proceder se vanagloriaban de obtener licitaciones bajo la mesa, sin que importara la participación abierta. No creemos en la frecuencia de esa práctica; sin embargo, muchos casos recientes sobre otorgamientos, poco claros e ilógicos, siembran dudas.

Sumas cuantiosas han perdido oficinas del Gobierno e instituciones autónomas, debido a procedimientos poco transparentes o por mal asesoramiento; ejemplos: El Chaparral, el SITRAMSS, Polistepeque, alcaldías, etcétera. En caso reciente, elementos del gremio médico se preguntan si el Ministerio de Salud cumplió, en un ciento por ciento, los requerimientos establecidos, al otorgar a una agencia de publicidad (Obermet) contrato para el manejo de algunas de sus campañas, cuyo monto asciende a 236,023.50 dólares.

En varios lugares del mundo, con más notoriedad en Brasil, a través de la empresa Odebrecht, muchos de sus contratos han sido cuestionados y se han visto salpicados por el escándalo, no solo funcionarios de poca monta, sino exmandatarios y presidentes. Es necesario, en cuanto El Salvador, hacer más efectivos los controles para el empleo sano de la inversión pública. Debe ser un trabajo conjunto de muchos actores: Justicia, Probidad, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), Corte de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); en fin, todos los que puedan hacer presión para un real cumplimiento de las leyes. Es cierto que en apariencia, en el papel, se arguye ceñimiento a los términos establecidos, pero la experiencia indica que los componentes: otorgante y favorecido, mancomunados, algunas veces permiten turbiedad en los contratos.

Retomando el caso suscitado en Brasil, en donde la corrupción extendió sus vinculaciones de soborno a toda América Latina y hasta países de África, es necesario que los lectores conozcan la raíz de esta estructura delincuencial, o sea la constructora Odebrecht. Su propietario y director, Marcelo Odebrecht, urdió esta trama y actualmente se encuentra detenido cumpliendo una pena de 19 años de cárcel. Elementos de ese consorcio, como “testigos criteriados”, están dispuestos a aportar, caiga quien caiga, información para atenuar los cargos sobre su dueño, esperanzados en una justicia benevolente.

Documentación valiosa sobre el involucramiento de varios países se está dando. Por esta razón existen reuniones de fiscales de la región para conocer la participación de connacionales. Respecto a nuestro país, no solo está en la mira el financiamiento de la campaña del expresidente Mauricio Funes en los comicios de 2009, pues, existe la curiosidad y el morbo de conocer si fondos con ese origen han sido orientados a otros ilícitos. Muchos aseguran que si los organismos de justicia escudriñan hasta el fondo se encontrarán con una verdadera caja de sorpresas.
 

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