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El artículo 100 de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial aprobada en julio de 2011 establece que los municipios procederán a la elaboración y aprobación de los Planes de Desarrollo Urbano y Rural o Esquemas de Desarrollo Urbano, dentro del plazo máximo de cinco años improrrogables, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. El improrrogable de la ley se hizo prorrogable en junio de 2016. Dado que los municipios no contaban con estos instrumentos de ordenamiento, les dieron cinco años más para acatar la disposición. El 22 de junio del presente año se venció la prórroga.

¿Para qué sirven los planes? La misma ley establece que tienen por objeto el "ordenamiento y desarrollo integral del territorio para encauzar los procesos de desarrollo urbano y desarrollo rural, estableciendo la regulación detallada de los procesos". Se espera por ley que los planes tengan un diagnóstico para caracterizar su ámbito y su integración en el sistema socioterritorial departamental.

Los planes del municipio deben identificar y priorizar problemas y oportunidades en cinco espacios territoriales: (1) zonas urbanas consolidadas y no consolidadas que se diferencian por la infraestructura y los servicios disponibles, (2) en zonas urbanizables, (3) en zonas especiales para vivienda de interés social, (4) en zonas rurales, y (5) en zonas no urbanizables en razón de los servicios ambientales.

En estos cinco espacios, el diagnóstico debe contener el análisis de los servicios, el equipamiento urbano y las redes locales estratégicas; las previsiones relacionadas con el desarrollo rural en el marco de los lineamientos nacionales; las normas y estándares de urbanización, lotificación y edificación; las previsiones de desarrollo en zonas urbanas no consolidadas; las previsiones de actuación en zonas rurales; previsiones para la gestión del desarrollo incluyendo zonas verdes y ámbitos de desarrollo específico; el régimen aplicable a los edificios e instalaciones existentes que están fuera del ordenamiento; los criterios y procedimientos para solicitar y realizar cambios dentro de la zonificación establecida; los procedimientos y trámites para la obtención de permisos de construcción, urbanización, lotificación y cambios de zonificación y usos del suelo y, por último, la definición de zonas sujetas a planes parciales.

Los planes deben ser comparables. Esto explica que la ley establece el desarrollo de ocho temas: (1) el esquema de estructura territorial considerando explícitamente la dimensión ambiental y los factores de riesgo, (2) la zonificación del territorio y determinación de usos del suelo, (3) el ordenamiento detallado de las áreas, (4) el ordenamiento urbanístico y de consolidación de núcleos de población, (5) las previsiones para la gestión y desarrollo del plan, (6) las previsiones para la mejora de la vida de la población y el desarrollo rural, (7) el régimen aplicable a los edificios e instalaciones que incumplan el ordenamiento, y (8) otras determinaciones convenientes.

Legalmente los quince municipios incluidos en el Área Metropolitana de San Salvador están normados por la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y de los municipios aledaños que fue aprobada en 2011 por considerarlos una zona integrada. El resto de municipios o microrregiones de municipios están obligados a contar con estos planes para sentar bases para el uso racional, sostenible y estratégico del territorio.

Aunque la naturaleza se encarga de demostrar la necesidad de la planificación y la normativa municipal para el ordenamiento y desarrollo territorial, el tema ha ido perdiendo peso en la discusión pública y en la gestión institucional. ¿Quién se encarga de tema? ¿Quién asegura que se cumple con la ley?

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