Sociedad sin pandillas

Las pandillas como estructuras criminales –terroristas, de acuerdo con la definición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia– no deberían existir en El Salvador ni en ningún otro país del mundo.
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La legislación salvadoreña las proscribe y considera a sus miembros como parte de organizaciones delincuenciales.

Sin embargo, las pandillas y sus acciones fuera de la ley son una realidad diaria. Barrios enteros viven bajo el terror del control de sus territorios por los integrantes de estas bandas (he llegado a ver incluso que en pasajes de colonias populosas de municipios del oriente de San Salvador colocan piedras y arena para evitar el ingreso de motos de la policía o que construyan “casetas de vigilancia” con materiales provistos por autoridades municipales para estar atentos a todos los movimientos, incluyendo el de las autoridades de seguridad), sectores –como el transporte de pasajeros o el comercio en pequeño– sufren el flagelo de las extorsiones. Y grandes segmentos de la juventud padecen el continuo hostigamiento para incorporarse a estas estructuras, so pena de muerte por negarse.

Entonces, a pesar de que las leyes siguen existiendo y golpeando a la sociedad. ¿Es posible que El Salvador se organice efectivamente para eliminar las pandillas? No se trata de una eliminación física y total de todos sus integrantes (hacerlo equivaldría a cercenar la vida de varios miles de personas, aunque, dentro del marco de la represión del delito autorizada a los cuerpos de seguridad, sea una consecuencia inevitable del combate de los elementos más violentos y armados de estas bandas), sino de erradicar las estructuras criminales como tales.

El país debe dar pasos hacia esa dirección. Y nuestros políticos, hombres y mujeres que aspiran a gobernarnos, deben dar el ejemplo. Aunque lo reconozcan a cuenta gotas, de manera forzada o porque sean sorprendidos en el acto, los políticos tienen contactos de manera formal con las pandillas. A muchos políticos les he escuchado decir que no les queda de otra, que si quieren entrar a tal o cual colonia o caserío (en cualquier departamento), tienen que hablar con los pandilleros para evitar tensiones o ataques.

Otros han ido más allá y han pactado electoralmente con las pandillas (para que voten por sus candidatos o para que no dejen salir a votar a los simpatizantes de sus adversarios) o pagaron, como sucedió con la tregua, para que redujeran los homicidios (o escondieran mejor los cadáveres de sus víctimas) para dar una falsa sensación de seguridad.

Entonces, ¿no sería un buen ejemplo que todos los partidos políticos se comprometieran en público de que nunca más buscarán a las pandillas, para ningún propósito? Un pacto de este tipo, avalado por la Asamblea Legislativa (a través de una reforma de ley que sancione con la cancelación del registro del partido que viole el pacto) y verificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sería realmente una muestra de que la clase dirigente es consciente que pactar con grupos mafiosos no paga.

Estamos a tiempo para que una iniciativa de esta naturaleza se implemente en el parlamento o en cualquier instancia de diálogo político (como una de tantas “mesas” de negociación) para las elecciones legislativas y municipales de 2018.

De ese modo, podríamos tener esperanzas de avanzar hacia el objetivo de tener una sociedad sin pandillas. Los políticos podrían guiarnos en este camino y mostrar a la población que es posible hacer cumplir las leyes y no defraudar a los votantes.

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