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Solidaridad y eficiencia

<p>Como sociedad deberíamos poder definir cuáles son las prioridades para atender desde el Estado. En teoría, si hay un alza incontenible de casos de dengue, pero no hay dinero para reforzar el presupuesto de los hospitales para que compren lo necesario para atender a los enfermos, ¿cuál es el sentido de que los diputados aumenten casi dos millones de dólares su presupuesto, especialmente el rubro de salarios?</p>
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Solidaridad y eficiencia

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<p>Si no hay dinero para curar a los enfermos, ¿cuál es el objeto de que, en un par de meses, la Corte Suprema de Justicia reparta a manos llenas los fondos que por ineficiencia fue incapaz de gastar durante todo el año?</p><p> ¿Tiene sentido que se destinen miles de dólares para que funcionarios de rangos medios y altos se transporten en automóviles de lujo y sin apagar nunca el aire acondicionado?</p><p>Muchos funcionarios justifican los excedentes en sus presupuestos en las “economías salariales”. El discurso es que con menos personas de las que tienen autorizadas contratar pueden realizar sus funciones. El dinero que les queda, pues, es el fruto de ser eficientes...</p><p> ¿No será porque las planillas están infladas a propósito para tener ese dinero disponible al final del año?</p><p>Hace un par de semanas, el ministro de Educación, Franzi Hato Hasbún, fue a visitar varias escuelas. Recuerdo la foto que distribuyó el gobierno del centro escolar de El Paisnal, con el cielo raso hecho pedazos y el suelo en mal estado.</p><p>Otras están peor. En La Unión hay una escuela a la que le robaron el techo para poder llevarse de la cocina los alimentos que le preparan a los niños.</p><p>Y también supimos esta semana que no alcanzó el dinero para comprarle frijoles y arroz a los estudiantes. Creo que es correcto el argumento de que un niño se queda en la escuela si tiene el estómago lleno y que hay más probabilidades que continúe sus estudios si tiene zapatos y uniforme.</p><p>También sería bueno que los maestros estuvieran mejor capacitados, supieran inglés y pudieran enseñarle a los escolares cómo usar las computadoras. Pero para eso se necesitan fondos, que el Estado salvadoreño no es capaz de usar de manera eficiente.</p><p>El dinero que una institución no es capaz de ejecutar –proyectos inconclusos, programas sin aplicar, edificios sin construir– debe ser devuelto al Fondo General de la Nación. Si no es por mero ejercicio de solidaridad, debería haber una ley que obligue al Estado a utilizar estos fondos exclusivamente en planes sociales.</p><p>En principio, dejar en la Constitución un porcentaje fijo de los ingresos del Estado como el presupuesto del Órgano Judicial buscaba mejorar la aplicación de la justicia, no convertirse en un mecanismo para pagar favores políticos, comprar voluntades de trabajadores y sindicalistas o garantizar privilegios para una cúpula, como la compra de carros nuevos a final de año para los magistrados.</p><p>Todo esto no quita tampoco la crítica que la empresa privada hace al gobierno: que siendo esta la administración que más fondos ha recaudado en la historia es la que ahora enfrenta serios problemas para pagarle el sueldo a los policías.</p><p>Ante crisis similares, gobiernos de otros países han llegado a medidas como recortar servicios superfluos, permitir a empleados utilizar camisas manga corta (“cool biz”, en Japón) para apagar el aire acondicionado en las oficinas e incluso recortar los sueldos de funcionarios, como hizo, a partir de este mes el gobierno de Porfirio Lobo, en Honduras.</p><p>Nuestros gobernantes deben ser más eficientes. Y también más solidarios.</p><p>&nbsp;</p>

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