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Sólo el respeto generalizado a la ley y el aseguramiento de la convivencia pacífica pueden sentar las bases de un futuro de progreso para todos

Es notorio que en nuestro ambiente sociopolítico la transparencia se va abriendo paso, y ello trae consigo las posibilidades reales de avanzar hacia una sociedad más abierta, más segura y más inclusiva, como nunca antes en nuestro accidentado proceso evolutivo.
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El respeto a la legalidad nunca fue en nuestro medio una verdadera norma de vida. La ley existía, desde luego, pero el poder era capaz de dejarla reducida al papel cuando sus intereses así lo determinaban. Y como para que esa “lógica” imperara había que hacer uso de un régimen que le abriera espacio, el autoritarismo cubierto a medias con formas democráticas era la mejor opción. Así vivimos por larguísimo tiempo, hasta que el falso modelo ya no pudo más y la democracia como opción real tomó su puesto, allá en los años 80 del pasado siglo. Durante la guerra no se podía avanzar mucho en esa línea, pero al menos la opción se mantuvo en pie, y ganó impulso cuando la guerra terminó. Ya en la posguerra hemos seguido caminando, pero hay aún gran trabajo por hacer para que estemos seguros de no tener ninguna mala experiencia regresiva.

A estas alturas del proceso nacional, nadie tiene excusa válida para querer seguir manteniendo conceptos y conductas que se salgan de los lineamientos que el orden jurídico vigente tiene establecidos, y quien lo haga o lo pretenda hacer tendrá que someterse a las consecuencias del caso. Dentro de los marcos institucionales, los que han transgredido la legalidad, sea por corrupción, por abuso de poder o por cualquier otra vía, están cada vez más expuestos tanto a ser sometidos a la aplicación de la justicia como a quedar en evidencia ante el juicio ciudadano. Si algo va perdiendo capacidad de imponerse es la impunidad que hasta hace muy poco campeaba tranquilamente por todas partes.

Esto muchos no se lo esperaban, y aún hoy, con todas las condiciones en su contra, continúan tratando de socavar el ejercicio de la ley y de descalificar a las instituciones que están comenzando a cumplir con sus responsabilidades según les ordenan sus propias atribuciones. El trillado argumento de que toda investigación sobre conductas institucionales es “persecución política” carece cada vez más de base y de credibilidad. Es notorio que en nuestro ambiente sociopolítico la transparencia se va abriendo paso, y ello trae consigo las posibilidades reales de avanzar hacia una sociedad más abierta, más segura y más inclusiva, como nunca antes en nuestro accidentado proceso evolutivo.

Todos los salvadoreños debemos estar permanentemente vigilantes de la vigencia del Estado de Derecho y de las condiciones que garanticen la convivencia pacífica en todos los espacios de la sociedad. Ambas cosas van de la mano, y eso es lo que no hay que perder de vista en ningún momento. La legalidad tiene que hacerse sentir de manera inequívoca, sobre todo cuando se está dando una situación de auge criminal como la que vivimos; y las prácticas del respeto y de la solidaridad hay que potenciarlas constantemente para arribar a un estado de convivencia en el que la armonía democrática vaya ganando terreno y sentando bases firmes. Todo esto requiere un esfuerzo continuo e integrado, cuyos réditos de progreso generen beneficios generalizados.

Hay que superar de modo progresivo y creíble toda forma de mediocridad institucional y de desajuste social. Se trata de una misión compartida por todos los salvadoreños, sin distingo alguno, porque al final de cuentas el éxito o el fracaso en el empeño de habilitar al país para encaminarse hacia un mejor futuro beneficiará a todos o pesará sobre todos. Ninguna diferencia, por cacareada que sea, podrá torcer esta lógica de resultados.

Tags:

  • legalidad
  • constitucion
  • institucionalidad
  • transparencia

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