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Sólo la plena vigencia del Estado de Derecho garantiza progreso en libertad

Se acercan elecciones de alto impacto tanto en la cúpula de la Fiscalía General como en la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y ahí vendrá otra prueba delicada para el sistema. Es del caso, entonces, estar alertas frente a todos los movimientos propositivos y de decisión que ya se están activando al respecto.
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Cuando se hace un recorrido por las distintas áreas del comportamiento social e institucional que se da en los distintos ámbitos de nuestra realidad, lo que va quedando claramente en evidencia es la situación insegura en que se encuentran desde hace largo tiempo el sistema legal y el régimen de libertades, que son piezas claves de nuestra vivencia democrática. Y lo más grave de todo es que no hay aún suficiente conciencia de ello entre los diversos actores que se mueven en el escenario nacional, porque continúa prevaleciendo, aunque no se reconozca explícitamente así, la actitud heredada que pone los intereses del poder por encima del bien común, que es democráticamente el que está llamado a prevalecer.

Hay que reconocer, en embargo, que desde los diversos ámbitos ciudadanos se viene manifestando una voluntad cada vez más exigente en el sentido de poner los intereses de la generalidad por encima de lo que se proponen los núcleos del poder. Esto es un avance en verdad significativo hacia lo que debe ser en una sociedad efectivamente democrática. Lo que se está dando en el campo electoral y en los distintos ámbitos de lucha contra la corrupción y la impunidad es un ejemplo claro de ello; y también lo es la tendencia creciente a que la institucionalidad se comprometa a hacer bien su trabajo, de la manera más eficaz y transparente, y se someta en consecuencia a los escrutinios ciudadanos y a las verificaciones técnicas que vengan al caso.

Al referirnos a la plena vigencia del Estado de Derecho no sólo ponemos sobre el tapete de la discusión pública y del análisis especializado uno de los temas más sensibles de la democracia en movimiento sino que hacemos énfasis en la necesidad de asegurar que el marco legal se conecte constructivamente con todos los componentes de la vida nacional. Porque hay que recalcar que el imperio de la ley es lo que garantiza la seguridad básica y lo que habilita al cuerpo social para desplegar todas sus potencialidades.

A fin de que todo eso pueda pasar al campo de las realizaciones concretas es preciso que todas las estructuras institucionales reconozcan su rol delegado y se dispongan a responderle a quien lo delega, que es la ciudadanía. A tal fin, la legalidad tiene que desempeñarse con toda transparencia y con la máxima eficacia; y en ese orden, las instituciones más directamente comprometidas como son la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial no sólo merecen atención constante sino que también requieren seguimiento permanente.

Se acercan elecciones de alto impacto tanto en la cúpula de la Fiscalía General como en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y ahí vendrá otra prueba delicada para el sistema. Es del caso, entonces, estar alertas frente a todos los movimientos propositivos y de decisión que ya se están activando al respecto. No hay que dejar ningún cabo suelto, porque hacerlo sería exponerse a lo imprevisible, que en circunstancias como las actuales es lo más riesgoso.

En el país, el imperio de la legalidad nunca ha dejado de estar bajo amenaza y riesgo; y superar dicho estado de cosas es un seguro de supervivencia democrática.

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