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Sonó la campana

Urge evitar la distorsión y la dualidad en las intervenciones de la administración pública: en el territorio hacen lo mismo; con la misma población hacen lo mismo y pocos reconocen efectividad. Así, ningún presupuesto alcanza.
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Ya es hora de discutir públicamente sobre las decenas, centenas y millares de vehículos que se mantienen confiscados en carreteras, calles, aceras y cualquier espacio público. Y conviene discutirlo porque la confiscación de esos automotores termina corriendo por cuenta de la sociedad y el Estado de manera indefinida. ¿Es justo?

No se necesita preguntar dónde están los vehículos incautados por el Órgano de Justicia porque es fácil identificar los “predios de depósito”. Son los espacios públicos los que sirven para que cientos de carros chocados se queden aguantando polvo, agua y sol por días, semanas y hasta años. Allí se quedan y son fuente de cualquier tipo de enfermedad. El Ministerio de Salud Pública, ente encargado de la salubridad, nada dice. Las alcaldías municipales, responsables del ornato y uso de espacios públicos, nada dicen.

¿Por qué la sociedad y el Estado tienen que pagar por la irresponsabilidad privada? Pregunto porque cualquiera supone que los vehículos “en resguardo” han causado algún accidente grave con consecuencias para terceros que no se han resuelto. Y ¿cuánto tiempo necesitan para “resolverse”? ¿Meses y años? Hay que preguntar porque los ciudadanos, todos aquellos que tenemos derecho de libre uso de espacios públicos, terminamos pagando por la irresponsabilidad de unos pocos y la tardanza del sistema para resolver dando pronta y debida justicia.

Siempre he cuestionado que las calles estén llenas de carros chocados. Por ejemplo, en el bulevar del Acero, en Antiguo Cuscatlán, hay fácilmente un centenar de vehículos en “custodia”. Ese espacio podría utilizarse para fines más productivos, pero... allí están los vehículos y por varios años se han visto los mismos.

¿Por qué no les cobran a los propietarios el uso de espacio público? ¿Se podría establecer un tiempo límite sin cobro? ¿Se podría establecer un canon por día? ¿Qué tiempo es el prudencial para proceder a subastar públicamente la chatarra? Las autoridades están obligadas a resolver; las autoridades están obligadas a velar por el uso legal del espacio público. Sin medidas disuasivas, allí se quedan los vehículos chocados y chatarra porque sale más barato olvidarlos allí, que llevárselos.

Recientemente el director de la Policía Nacional Civil (PNC) sonó la campana. Informó que “diariamente son 600 los policías que se dedican a custodiar vehículos incautados”. Y peor. Comentó que con el presupuesto de la PNC se asume el pago por el arrendamiento de una “fuerte cantidad” de predios para el depósito de vehículos. ¿Cuánto significa esto en dinero? Lástima que no lo comentó.

El director de la PNC afirmó no le compete asumir esta tarea y que asumirla significa disminuir los recursos para hacer lo que les compete. ¿Y entonces? Simple y sencillamente asuma no más que sus atribuciones y deje que otros asuman las que deben asumir. Si tal como informa, esta competencia es del Órgano Judicial, ¿por qué la asume? No es inteligente y además, supongo que la Corte de Cuentas debería observar estar destinando recursos financieros en actividades que no le competen por ley. ¿Es así? O ¿la emergencia justifica cualquier cosa?

Ojalá la PNC con esa dirección a la cabeza diera ejemplo. Y sugiero que dé ejemplo porque en un tema tan sensible como es “el mantenimiento de la seguridad y la paz social” no es justo que la institución responsable de velar por ellas tenga que gastar recursos para actividades que no le competen.

Si la PNC da ejemplo de uso de recursos única y exclusivamente en las atribuciones que debe asumir y nunca delegar, los ciudadanos tendremos una muestra sobre la racionalidad en el uso de recursos públicos. Y racionalidad es lo que menos se encuentra en la administración pública. No hay problema de recursos; la deficiencia es la capacidad de racionalizarlos, priorizando.

Ejemplos hay para demostrarlo: el Ministerio de Seguridad asume las responsabilidades del Ministerio de Educación; el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial asume las tareas de los gobiernos locales; el Ministerio de Trabajo compite con las atribuciones del Ministerio de Economía, y así vamos. Importa leer el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE). Conviene precisar la comprensión del contenido del RIOE.

Urge evitar la distorsión y la dualidad en las intervenciones de la administración pública: en el territorio hacen lo mismo; con la misma población hacen lo mismo y pocos reconocen efectividad. Así, ningún presupuesto alcanza.

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