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Sostenibilidad de los sistemas de pensiones

Antes que nada es necesario enfatizar que cualquier discusión seria sobre la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones pasa por entender primero que los regímenes de seguridad social fueron concebidos para proteger a los trabajadores ante estados de necesidad, gracias a las aportaciones hechas durante su vida laboral y la gestión de las reservas técnicas acumuladas a partir de los excedentes de cotización registrados (netas de prestaciones).
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Cuando un sistema es capaz de cubrir sus obligaciones, sin necesidad de recibir transferencias del Estado, podemos hablar de una genuina sostenibilidad y del cumplimiento de los fines previsionales; cuando los ingresos percibidos son insuficientes para cubrir los compromisos con la población pasiva –pensionados–, ya no estamos ante un verdadero régimen de seguro social basado en la solidaridad intergeneracional entre sus afiliados, por depender de los impuestos del colectivo imaginario.

Para que el sistema sea financieramente sostenible, debe respetar el principio de equivalencia financiera actuarial, donde las obligaciones futuras –prestaciones–, traídas a valor presente, coincidan con las aportaciones futuras, expresadas también en términos de valor presente, más las reservas acumuladas hasta la fecha evaluada.

Cuando los sistemas de seguridad se basan en el reparto y además las prestaciones se establecen sin tomar en cuenta las aportaciones efectuadas por los trabajadores durante su vida laboral –beneficio definido–, el equilibrio actuarial se mantiene regulando la tasa de contribución u otro parámetro fundamental, como el tiempo de cotización, la edad de retiro o la tasa de reemplazo reconocida a los pensionados; esta última no es otra cosa más que el porcentaje pagado a los jubilados, en forma de pensión, respecto a cierto promedio salarial devengado, antes de cumplir los requisitos legales para pensionarse; esto se conoce como salario básico jubilatorio o salario básico regulador, en El Salvador.

Otros dos elementos a considerar aquí es la relación que existe entre la pensión promedio de los jubilados y el salario promedio de los cotizantes, así como la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionados; de aquí se determina la tasa de sostenimiento del sistema de reparto (cuántos cotizantes pagan la pensión de un jubilado).

La tasa de contribución debe incrementarse cuando el número de cotizantes por pensionados disminuye o cuando la pensión promedio supera el salario promedio de los cotizantes.

Cuando la tasa de sostenimiento tiende a bajar, para restablecer el equilibrio a mediano plazo, se debe elevar la edad de retiro; lo mismo sucedería cuando la esperanza de vida aumenta.

En algunos esquemas de reparto –España por ejemplo– se han introducido mecanismos de ajuste automático para restablecer dicho equilibrio, sin elevar la edad de retiro. Lo que hacen es reducir las pensiones cuando se incrementan las expectativas de vida de los pensionados.

Otra forma para resolver el problema de sostenibilidad, en los regímenes de reparto, consiste en adoptar esquemas nocionales; aquí se otorgan pensiones según las aportaciones realizadas como si se tratara de un sistema de capitalización individual, pero al morir el afiliado antes de agotarse el valor hipotéticamente ahorrado, el remanente va a un fondo común que permite pagar las pensiones de los más longevos del grupo.

Aún estos esquemas nocionales –como se observa en la realidad sueca y finlandesa– incorporan mecanismos de ajuste automático para preservar el equilibrio financiero frente al aumento en la longevidad poblacional; sin embargo, no se puede garantizar la sostenibilidad de un sistema de reparto, con solo adoptarlos.

De lo anterior deberíamos intuir que la gestión de sistemas de seguridad social demanda de un análisis serio, técnico y responsable para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
 

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