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Subvenciones a privados no pueden continuar

El 2 de diciembre emitimos un comunicado pidiendo al diputado presidente de la Asamblea Legislativa que renunciara a la presidencia de ese Órgano del Estado.
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Emitimos ese llamado al revelarse que para el presupuesto del año 2015, la Asamblea autorizó una partida por varios miles de dólares para subvencionar a una asociación con la que el diputado presidente tiene innegable vínculos; y que luego para el presupuesto 2016, se autorizó otra importante subvención a esa misma entidad.

Es en sí misma reprochable la discrecionalidad con que el ministro de Hacienda y luego la Asamblea Legislativa establecen en el presupuesto subvenciones a entidades privadas. Esa discrecionalidad es la que provoca que lleguemos a casos en que funcionarios con alto poder de decisión se coloquen en posición de poder repartirse el dinero de los contribuyentes entre sí, sus familiares, y su séquito. Esa situación por sí sola es inaceptable.

Pero la situación resulta aún más grave en una coyuntura en que el Estado pasa por una situación financiera delicada. La Asamblea iza la bandera de la crisis fiscal para cargar a los ciudadanos con una nueva deuda por $550 millones, pero la arría para repartir cientos de miles de dólares a una institución vinculada con el diputado presidente.

Y eso es apenas una de las centenas de donaciones que se han efectuado. No sabemos cuántas otras situaciones como esta se encuentran en la Asamblea y cuántos otros funcionarios están en similares condiciones.

En un país que se precia de contar con un régimen democrático, republicano y representativo, lo natural y esperado es la renuncia que precisamente hemos requerido. Pero a estas alturas, los ciudadanos ni siquiera hemos recibido una explicación de lo ocurrido y mucho menos se han activado los mecanismos institucionales que habríamos esperado.

En efecto, ni el Comité de Ética Parlamentaria, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas han dicho que iniciarán algún tipo de investigación.

Pero todo lo anterior nos lleva a una segunda reflexión. Es preciso eliminar las subvenciones a instituciones privadas. No puede seguirse repartiendo fondos públicos en la forma que se ha venido haciendo.

En este caso se observa que la Ley del Presupuesto de los años 2015 y 2016 establecieron una partida para el Ministerio de Hacienda titulada “Apoyo a otras entidades”, y dentro de ella una subpartida titulada “Subsidios varios”. Ahí, sin mayor justificación, se otorgan distintas cantidades de dinero de los contribuyentes a diferentes entidades privadas.

Consideramos que es cuestionable el fundamento legal de esa repartición. Habiéndose previsto tal partida en el presupuesto del Ministerio de Hacienda, no encontramos ni en la Constitución ni en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo la base normativa para que el Ministerio de Hacienda haga filantropía.

Por poner algunos ejemplos que ya se han conocido, no es función del ministro de Hacienda promover el deporte, de manera que carece de validez que entregue $700,000 de los contribuyentes a la Fundación Pro-Basket Quique Samour. No le corresponde a ese funcionario apoyar a entidades religiosas, para que luego regale $10,000 de los contribuyentes al Ministerio Jesucristo Especialista en lo Imposible. Y tampoco le corresponde a ese funcionario prevenir la violencia juvenil entregando $400,000 a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador.

Por ello, ahora que se discute en la Asamblea Legislativa la aprobación del presupuesto 2017, los diputados están obligados a revisar la manera en que han repartido el dinero de los ciudadanos en el pasado, y evitar que eso ocurra el próximo año.

Y si en el proyecto de presupuesto 2017 persisten estas irregularidades en las partidas del Ministerio de Hacienda o de cualquier otra entidad, es necesario que este se rechace, y se le obligue al ministro que presente un nuevo proyecto.

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