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Superar la corrupción y sus estragos será una tarea de largo alcance que requerirá decididos esfuerzos multisectoriales

Habrá que generar mecanismos de limpieza constantes, que tendrán que empezar por los sistemas de elección y de nombramiento de las autoridades y funcionarios correspondientes.
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Como es evidente por los datos que circulan constantemente a nivel global, la corrupción es un fenómeno invasivo que está prácticamente en todas partes, sin hacer distingos entre países por su dimensión o por su desarrollo; pero también es claro que en algunas regiones y lugares específicos dicha plaga tiene más arraigo y pega más fuerte. En América Latina la corrupción se ha vuelto endémica, a la luz de que es muy débil y dispersa la cultura de la corrección en las conductas tanto públicas como privadas y a consecuencia de que los mecanismos de control institucional carecen de la suficiente fuerza y de la probada efectividad que se requieren para mantener a raya los abusos de toda índole.

Centroamérica no es desde luego la excepción a esa regla que es tan dañina para la estabilidad, para la seguridad y para el desarrollo. La ventaja que ahora se tiene en comparación con lo que ocurría en el pasado, aun el más inmediato, es que los pueblos van despertando en función de ciudadanía, las instituciones ya no tienen la libertad que antes tenían para ocultar y para distorsionar realidades y el entorno internacional es mucho más colaborador en la línea de hacer causa común con los esfuerzos nacionales en pro de establecer controles que verdaderamente sirvan para ordenar el desempeño de las tareas públicas.

Cosas que no hubieran sido imaginables hasta hace poco ocurren hoy con impulso de seguir adelante. El caso de Guatemala es de gran relieve en ese orden. Una comisión investigadora de la corrupción, la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), con significativo peso internacional, está operando en el hermano país, y sus frutos son indiscutibles y reciben creciente apoyo ciudadano, que tiene cada vez más incidencia política. En Honduras, donde la ciudadanía también se manifiesta en el mismo sentido, toma cuerpo la iniciativa de la OEA para poner a funcionar una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad. En nuestro país tanto el Gobierno como el partido gobernante se han manifestado en contra de estructuras de esa índole, insistiendo en que la institucionalidad interna es suficiente para hacer la lucha que se requiere en esos campos. Pero lo que se ve cada vez con más nitidez es que hay una tendencia regional que muy difícilmente se podrá evadir, aunque las fórmulas adoptables en cada país tengan variables propias conforme a las respectivas situaciones nacionales.

Como se dice en el encabezado de este Editorial, la batalla contra la corrupción y la impunidad que siempre van de la mano y tejen redes comunes requerirá mucha dedicación y gran determinación. Habrá que generar mecanismos de limpieza constantes, que tendrán que empezar por los sistemas de elección y de nombramiento de las autoridades y funcionarios correspondientes. La arbitrariedad y la improvisación deben quedar atrás, para que se impongan la adecuada selección y el monitoreo confiable.

Según enseña la experiencia, no basta con dictar leyes y establecer mecanismos institucionales para asegurar que puedan corregirse de veras los males estructurales: es indispensable garantizar la efectividad tanto normativa como funcional; y en este sentido la unidad nacional y el aporte internacional se vuelven factores de eficiencia en la línea de fortalecer el Estado de Derecho y darle plena vigencia a la moralidad política.

Tags:

  • corrupcion
  • democracia
  • justicia
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