Surge la contraloría ciudadana

La Ley de Acceso a la Información Pública nació sin dientes, pero además se pretendió con las reformas aprobadas la semana pasada ponerle un bozal adicional para terminar de restringir su precario funcionamiento.
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La falta de transparencia en el quehacer gubernamental no es nada nuevo, ha sido una costumbre y una práctica muy común en gobiernos anteriores, en donde las instituciones contraloras en muchas ocasiones han desempeñado el papel de “tapaderas” para ocultar los dudosos procedimientos en el gasto público.

Muchos creíamos que con el supuesto “gobierno del cambio” las cosas mejorarían en cuanto a la transparencia con que deben ser usados los dineros de los contribuyentes, pero parece que las cosas continúan igual que en el pasado.

Las reformas hechas a la LAIP por los partidos que conforman la mayoría simple en la Asamblea, cobijados bajo el paraguas de los madrugones y las dispensas de trámites, probablemente creían que tal actitud no tendría ninguna trascendencia, y suponían que todo sería olvidado por la población.

Pero las protestas en las distintas redes sociales y en los editoriales de los medios de comunicación en contra de las reformas aprobadas no se hicieron esperar y obligaron al presidente Funes a vetar dicha ley con la premura del caso.

Es sorprendente la forma espontánea en que la ciudadanía está respondiendo ante las prácticas inveteradas de los funcionarios públicos que pretenden querer continuar como en el pasado, ignorando que la sociedad ha evolucionado, y que los servidores públicos tienen la obligación de gobernar con democracia al servicio de la población que los elige.

Pareciera que está surgiendo en nuestro país una contraloría ciudadana, que está pendiente de las actitudes antidemocráticas esgrimidas por aquellos que no desean que nuestro país se enrumbe por el sendero democrático surgido de los Acuerdos de Paz, y persisten en la práctica de actitudes viciadas del pasado que no permiten que el país encuentre el camino del desarrollo socioeconómico y político que urge a los salvadoreños. En ese sentido, es imprescindible que la generación de los jóvenes continúe manifestándose ante las redes sociales, denunciando las arbitrariedades cometidas por los funcionarios del Estado y exigiéndoles la transparencia de sus actos.

La recién aprobada la Ley de Partidos Políticos por la Asamblea podría coadyuvar en la regulación del funcionamiento de los institutos políticos, que por años han constituido una partidocracia, la cual no ha permitido el avance en la democracia del país.

El Tribunal Supremo Electoral que rige el funcionamiento de los partidos políticos no es la entidad apropiada, si se desea que la Ley de Partidos Políticos cumpla su verdadero rol como reguladora de las actividades de los institutos políticos, porque está constituido por magistrados que representan a los distintos partidos políticos. De cara a los comicios presidenciales de 2014, la Ley de Partidos Políticos debe tener los suficientes dientes para corregir las arbitrariedades puestas en práctica por los institutos políticos. Se debe investigar el financiamiento de la campaña política de los partidos para evitar como ha ocurrido en otros países que reciban financiamiento del narcotráfico o del crimen organizado. La contraloría ciudadanía debe estar pendiente de que estas leyes aprobadas recientemente sean puestas en práctica eficientemente.

Tags:

  • costumbre
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