TPS = Vulnerabilidad

EUA creó el TPS (Estatus de Protección Temporal) en 1990 para proteger a los ciudadanos extranjeros de ser devueltos a sus países en medio de inestabilidad y condiciones precarias causadas por desastres naturales o conflictos armados. Es así como casi 280,000 centroamericanos han vivido en EUA durante varios años. Hoy en día, miles de familias centroamericanas están agobiadas por la reciente cancelación del TPS para los nicaragüenses y la postergación de la decisión para los hondureños (extendieron permiso por seis meses, hasta julio de 2018). La intranquilidad se debe a que funcionarios estadounidenses sostienen que las causas iniciales del TPS ya no justifican su prórroga.

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Cerca de 200,000 salvadoreños gozan del TPS a raíz de los terremotos de 2011 y la fecha límite de la decisión es el 8 de enero de 2018. Los potenciales efectos de su suspensión confirman que El Salvador sigue sin mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es decir, el retorno de miles de connacionales sería traumático.

La eliminación del TPS afectaría a numerosos compatriotas que trabajan, respetan la ley y pagan impuestos en EUA. Ellos tendrían que decidir entre permanecer en EUA ilegalmente o separarse de sus familias (se estima que salvadoreños con TPS tienen 192,700 hijos nacidos en EUA). El problema de una anulación del TPS el próximo año es que otras opciones migratorias se demorarían en entrar en vigor y los afectados tendrían aproximadamente seis meses para salir de EUA, y quienes no lo hicieran serían fácilmente localizados por los agentes de migración.

La situación salvadoreña es apremiante; 38 de cada 100 personas son pobres, 7 de cada 10 laboran en la informalidad y la economía sale a flote gracias a las remesas (alrededor de cinco mil millones de dólares al año). Consiguientemente, El Salvador tiene un doble reto: (1) frenar la emigración y (2) facilitar el retorno de miles de compatriotas. Las siguientes medidas apuntan en esa dirección.

Medida 1. Propiciar la cohesión social vía el desarrollo local. Esto significa colocar a la familia como la principal institución social, aplicar efectivamente la ley, mejorar los servicios básicos, facilitar el uso del espacio público y generar empleos productivos a nivel local.

Medida 2. Mejorar la comunicación con los salvadoreños con TPS y otros permisos migratorios en EUA. Antes de que se haga realidad su retorno convendría sistematizar su perfil educativo, laboral y empresarial para favorecer su integración socioeconómica en sus lugares de origen.

Medida 3. Impulsar la cooperación pública-privada para fortalecer el sentido de pertenencia en la niñez salvadoreña. Una opción sería implementar una estrategia de sana convivencia a través del vínculo familia-escuela-comunidad en los 6,033 centros escolares.

Conclusión: incontables familias están preocupadas por la suerte de miles de salvadoreños que viven y trabajan en EUA gracias al TPS. Han pasado 16 años de los terremotos de 2001 y millones de salvadoreños siguen siendo vulnerables: 38 de cada 100 son pobres y arriba del 45 % de coterráneos puede caer en la pobreza ante una eventualidad. Conviene, entonces, promover el desarrollo local para frenar la emigración y favorecer la inserción de compatriotas en sus lugares de origen.

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