También nosotros podemos promover cambios

Nuestro sistema judicial ha sido históricamente considerado como uno de los peores en el mundo. Ahora, sin embargo, tenemos la oportunidad de hacer prevalecer la ley y así, mitigar nuestra indignación y eliminar esa impresión internacional.
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Movimientos de protesta estallaron en Guatemala contra la evasión fiscal, exclusión social, corrupción e impunidad y con el soporte de algún periodismo honesto han jugado un papel importante en promover cambios en nuestro hermano país. Esa revolución pacífica por una verdadera justicia nos ha mostrado una alternativa digna de considerar. También, nosotros podemos promover cambios.

Nosotros hemos sufrido el acoso y por muchos años, de numerosos problemas: pobreza, falta de educación, exclusión social, tiranía militar, guerra civil y las maras. La guerra civil terminó oficialmente en 1992; pero la violencia y los abusos de los derechos humanos han continuado. Sin embargo, el problema más agravante en nuestro pobre país ha sido la rampante corrupción. Esta se ha fortalecido, gracias a la impunidad de un sistema judicial carente de transparencia, competencia y capacidad para penalizarla.

Dos eventos sin precedentes se desarrollan en nuestro país:

Un expresidente es acusado de acciones criminales. Todo el pueblo salvadoreño espera con mucha anticipación que el juez presidiendo la audiencia contra el expresidente Francisco Flores por cargos de malversación de donativos actúe con toda integridad y así evite otro atropello a la justicia. Flores ha aceptado que recibió esos dineros. Investigaciones indican que estos terminaron en cuentas bancarias de ARENA y de Flores. Esos dineros deben ser reintegrados en su totalidad al pueblo salvadoreño. Estamos a las puertas de un momento histórico.

La urgencia de establecer un poder judicial autónomo, imparcial y objetivo con la capacidad de investigar y penalizar los grupos responsables de saquear los recursos del Estado es crítica. Otras instituciones oficiales funcionarían mucho mejor y tribunales gozarían de mayor firmeza aplicando la ley. Esto cambiaría completamente la ecuación judicial y política.

Anclar una institución importante, como el poder judicial, en un organismo legítimo, como la ONU, podría establecer la diferencia en la investigación de cualquier individuo o grupos que han operado y continúan operando al margen de la ley, sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido.

Un segundo evento, enlazado estrechamente al primero, se discute: la evasión fiscal. La empresa privada y medios de comunicación deben apoyar cualquier acción legal contra empresarios encontrados cómplices con funcionarios oficiales de defraudar al Estado. Estos deben ser penalizados con cárcel y esos dineros más intereses acumulados deben ser reintegrados al Estado. Solo entretener la idea de cuestionar lo Constitucional de pagar impuestos es una ofensa a la inteligencia, carácter y dignidad del pueblo salvadoreño. Eso es completamente inmoral.

El Gobierno y la empresa privada deberían considerar los servicios de prestigiosas auditoras internacionales para investigar no solo la corrupción oficial, sino también al corruptor. Ambos son responsables.

Establecer ambientes de transparencia requiere de algo más que implementar nuevas leyes; requiere del desarrollo y mantenimiento de culturas de transparencia que generen confianza en nuestra población y que aprecien el reportaje de acciones ilícitas. También, demanda de mutua cooperación entre el sector público y privado. Requiere de los medios de comunicación, reportajes imparciales y objetivos que soporten y aun conduzcan a crear y preservar culturas de transparencia. Es claro que la cultura de corrupción debe eliminarse. Deshacerse de una cultura es difícil, especialmente una profundamente arraigada en nuestra sociedad; pero puede lograrse.

Tags:

  • justicia
  • inseguridad
  • sistema judicial
  • derecho

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