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Temas complicados

En este ambiente preelectoral cargado con temas como el de CEL-Enel o Alba Petróleos, los legisladores de tres partidos políticos nos madrugaron con los votos para mutilar el derecho que la ciudadanía tiene a información pública.
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La Asamblea Legislativa ha nombrado otra comisión especial, la CEL-Enel. Se ampara en el numeral 32 del artículo 131 de la Constitución, que establece que corresponde a la Asamblea Legislativa “nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos y las recomendaciones que estime necesarios con base en la información de dichas comisiones”. La competencia es amplia, muy amplia, porque en la categoría “asuntos de interés nacional” cabe hasta el acceso a información. Por esto se entiende la tentación y la tendencia a formar comisiones especiales aunque se atente con la independencia de los órganos del Estado.

Según el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (art. 57), “los funcionarios y empleados públicos, incluso los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. La comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones es obligatoria”. A quien convoquen, se tiene que presentar. Dice también (art. 58) que “las reuniones de las comisiones especiales son públicas”, pero ninguna sugerencia o recomendación es vinculante excepto cuando “se recomienda a la Presidencia de la República la destitución de jefes de Seguridad Pública o de Inteligencia del Estado por causa de graves violaciones de los derechos humanos” (art. 59).

El tema que motiva la integración de la comisión especial es complejo y refleja la reserva de información a la que hemos estado sometidos todos los ciudadanos para emitir opinión informada y responsable sobre el tema. Si el caso no hubiese llegado a los tribunales internacionales, seguramente poco o nada se conocería. Ahora, el tema se debe reconstruir de “atrás para adelante”, ¿con la obligación de dar acceso a la información para emitir opinión?

El tema es tan complejo y delicado que, con todo respeto, me atrevo a afirmar que no debería ser tema de comisión especial de la Asamblea Legislativa. Más bien, la Asamblea Legislativa, desde que internacional y públicamente se conoció el fallo, debió haber exigido a la Fiscalía General de la República hacer su tarea estableciendo tiempo límite para presentar informe. No más. Y no más porque con la tentación que se estimula el numeral 32 del artículo 131 de la Constitución de la República se opacan, se duplican y hasta irrespetan las atribuciones constitucionales de otras instituciones del Estado.

En este ambiente preelectoral cargado con temas como el de CEL-Enel o Alba Petróleos, los legisladores de tres partidos políticos nos madrugaron con los votos para mutilar el derecho que la ciudadanía tiene a información pública. Le quitaron la facultad al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de resolver controversias en relación con la clasificación y desclasificación de información reservada. Le quitaron la razón de ser al IAIP.

Lo dejaron para recomendar y no para obligar a desclasificar información y quitarle la reserva. Y con esto, cualquiera clasifica la información pública como reservada por “seguridad de Estado”.

Si los funcionarios públicos cumplieran con idoneidad, eficacia, probidad y transparencia sus funciones, y si la gente común y corriente se ocupara de la función pública para exigir cuentas, si los funcionarios electos para que dirijan los órganos del Estado respondieran efectiva y genuinamente a los intereses del Estado y el bien común, casos como los que en este ambiente se están ventilando se minimizarían porque cualquier interesado estaría en capacidad de solicitar, en cualquier momento, información para emitir opinión informada. Lo peor que puede pasarle a nuestra democracia es defender la libre expresión sin acceso a información. Se ha escuchado a representantes de los que tuvieron la iniciativa. Molesta que consideren que los ciudadanos no somos capaces de reconocer que la información que ponga en riesgo la defensa nacional, la seguridad ciudadana y las investigaciones en proceso debe ser reservada. Pero la información que cae en estas categorías debe ser limitada y evitar la tendencia que provoca el numeral 32 del artículo 131 de la Constitución. Cualquiera con sentido común lo sabe, lo reconoce y lo respeta.

Pero ¿a quién le conviene poner candados para que cualquier información se clasifique como tal? Temas complicados, temas que reflejan deficiencias en el sistema de educación y deficiencias en la formación profesional. ¿En manos de quién estamos?

Tags:

  • dichas comisiones
  • funcionarios y empleados
  • comparecencia

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