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Sandra de Barraza / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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El Órgano Legislativo es el espacio natural de diálogo, de negociación, de concertación y más. Es el espacio de representación de intereses departamentales porque así se eligen; allí se expresa nuestra democracia representativa y proporcional; allí se ocupan de velar por el bien común asumiendo responsablemente la tarea de legislar.

Los diputados, independientemente de su edad, sexo, partido y lugar de representación, son electos por tres años. No tienen cargo por tiempo indefinido ni mucho menos de por vida. Solo un partido tiene regulado el tiempo máximo de “representación del pueblo”. Esto dinamiza el quehacer político. ¿Por qué no limitar el tiempo de representación? Hay que darles a otros ciudadanos el derecho de optar a cargos públicos de elección popular. Hay que evitar el monopolio de la representación.

Esto tiene relación con los contratos de personal que los diputados hacen discrecionalmente; su tiempo corresponde al tiempo de representación popular. La gente que contratan debe tener claro que sus servicios profesionales son temporales, duran mientras el legislador está en su cargo. En la Asamblea Legislativa no puede prevalecer el “derecho a la estabilidad en el cargo”. Con esta distorsión conceptual, la Asamblea Legislativa se llena de burocracia y de empleados que no gozan de “la confianza personal” que justificó que uno de los 84 le contratara. Cuando el diputado se retira, porque así lo decide el pueblo, “sus” empleados deben retirarse. Así de simple.

El presupuesto de la Asamblea Legislativa para pagos “extraordinarios” de los legisladores y SUS empleados es millonario. Los funcionarios elegidos para un periodo de tres años ¿por qué tienen bonos anuales? ¿Por qué pagan indemnizaciones? ¿Por qué pagan retiro voluntario? En ese Órgano de Estado la asignación y modalidad de contratos es y debe ser temporal. Debe evitarse que en cada periodo dejen personal “de confianza”, personal que demanda derechos fuera de toda lógica. Esto debe regularse porque todos allí están de paso.

Los diputados están creando burocracia millonaria que, según el sindicato, merece estabilidad laboral similar a cualquier Órgano del Estado. Los asesores son temporales y dependen de un diputado temporal. ¿Qué justifica la demanda y amenazas del sindicato? Seguramente no entienden el carácter del Órgano de Estado en el que prestan sus servicios profesionales al que ingresaron por decisión personal de un diputado elegido de manera temporal. Si los contratos por servicios profesionales fueran para el partido, estaríamos en otro escenario, uno más racional que merece mérito y estabilidad.

Los diputados están discutiendo el número de integrantes de la Junta Directiva. Parece que allí hay privilegios atractivos porque todos los partidos quieren tener derecho a gozarlos. Ahora son 14 y esto significa un gasto considerable. ¿Por qué no la mitad? En el pasado funcionó. ¿Por qué no tener un representante por partido? Y ¿por qué atarse siempre a lo mismo? ¿Hay temor a innovar la estructura?

Las elecciones del 4 de marzo dejan lecciones. Hay que fortalecer a los partidos políticos y eso depende de los representantes en la Asamblea Legislativa. Todos deben ser visionarios porque representan al pueblo entero. A la gente le tiene hastiada el abuso en el uso de fondos públicos. ¿Por qué tantos en la directiva? ¿Por qué bonos e indemnizaciones? ¿Por qué estabilidad laboral a trabajadores que contratan por confianza personal? ¡Los independientes pueden salirnos más caros! Debemos cuidarnos.

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