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¿Tendremos nueva Sala de lo Constitucional en julio?, lo dudo

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Rubén I. Zamora, Exembajador en Estados Unidos y ONU

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Por primera vez en nuestra historia constitucional el proceso para definir los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha contado con amplia participación de la sociedad civil y una cobertura de los medios no antes conocida; sin embargo, dado que prácticamente todo se ha hecho “desde afuera” y que el órgano elector mantiene sus tradicionales métodos antidemocráticos y patrimonialistas, el resultado de este proceso se perfila contrario a lo que esperábamos tener en lo que se refiere a los requisitos que nuestra Constitución exige para el cargo; al contrario, un proceso de paupérrimo contenido en el examen de candidatos con una evaluación deficiente que olvida la “competencia notoria” y propone candidatos con calificaciones que no serían suficientes ni para un aspirante a abogado; las listas “depuradas” que han sido presentadas dejan mucho que desear, las acusaciones de candidatos vinculados a partidos políticos han abundado y por su parte, la Asamblea Legislativa contribuye a este triste panorama, colocando como jefe de la comisión especial que examinará a los candidatos a un diputado que no tiene la menor idea de lo que es el Derecho Constitucional e incluso se habla de presiones a candidatos sobre cómo van a juzgar casos concretos... Todo esto no solo daña la credibilidad y legitimidad de la próxima CSJ, sino que plantea un escenario sumamente peligroso para la integración de la nueva Corte, especialmente de la Sala de lo Constitucional que debe elegirse cuatro de los cinco jueces que la forman.

Este panorama no augura ninguna salida positiva, pues si la Asamblea continúa el proceso y elige a los nuevos magistrados en tiempo, lo más probable es que la Asamblea Legislativa va a ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad de la elección por no haber cumplido con los requisitos que la Constitución exige para estos cargos. Todos sabemos que la actual Sala de lo Constitucional, correctamente, ya ha declarado nulas varias elecciones hechas por la Asamblea, por esta causal y el presente caso lo es. Esto nos llevaría a un delicado periodo de acefalia en la Sala de lo Constitucional, pues al terminar el periodo de cuatro de sus integrantes y de tres de sus suplentes en julio, no podría formarse sala solo con un propietario y dos suplentes. La sala no podría funcionar por meses que es lo que tarda un nuevo proceso de selección y proposición de candidatos, con el consiguiente daño al Órgano Judicial y a la defensa de la Constitución.

Alternativamente, en círculos legislativos, ha surgido la idea de evitar la casi ineludible sentencia negativa por parte de la actual Sala retrasando la elección a los actuales magistrados hayan cesado en su cargo, es decir, hacer la elección después de julio, de tal manera que frente a la demanda de inconstitucionalidad, sean los nuevos magistrados electos los que asuman la responsabilidad: estos podrán “engavetarla” dando así una demostración palpable que a los nuevos magistrados les importa más el puesto que hacer valer la Constitución y que prefieren disfrutarlo a pesar de que estarán violando un principio fundamental de la responsabilidad del juez que es no ser juez de algo que lo beneficia, y mandarían al cesto de la basura su legitimidad como magistrados; alternativamente podrían excusarse de conocer el caso, pero esto nos abocaría a la acefalia permanente de la sala, pues no habría quien sustituyera a los cuatro magistrados y los dos suplentes que se recusarían; alternativamente, los nuevos magistrados podrían tomar el caso y resolver, con lo que iniciarían su gestión resolviendo un caso en el que les va el puesto, lo cual es inconcebible en un juez y los deslegitimaría de por vida.

En síntesis, la Asamblea Legislativa, por no haber hecho su trabajo de enfrentar la elección de magistrados con una ley específica, que realmente cumpliera con las exigencias constitucionales, hoy se encuentra ante un dilema en el que los dos caminos que se le presentan en el caso conducen a aumentar su desprestigio y a crear una crisis constitucional en nuestro país.

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