Tenemos derecho a la independencia de los jueces

La semana pasada conocimos que el partido de gobierno y varios de los funcionarios de turno, incluido el presidente de la república, participaron en el denominado Foro de Sao Paulo que se celebró en la ciudad de Managua.
Enlace copiado
Enlace copiado
Como ha venido siendo costumbre, uno de los temas que fue discutido en ese foro y que incluso quedó plasmado en el documento base es el del rol de los jueces.

Al respecto, el documento base suscrito en Managua dice textualmente: “La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación”.

Desde nuestros inicios hace ya más de 50 años, en el CEJ hemos venido abogando por la independencia judicial, como una indispensable y fundamental exigencia en un estado democrático de derecho. Como lo hemos advertido en reiteradas oportunidades, no podemos perder de vista que “sin justicia, no hay democracia”; y que por eso, cualquier esfuerzo encaminado a garantizar su integridad es imprescindible.

Las expresiones contenidas en el documento base del Foro de Sao Paulo, mismas que no han sido contradichas por el partido de gobierno, envían un mensaje que no puede ser ignorado, sobre todo si se toma en cuenta que no estamos exigiendo algo a lo que no tengamos derecho.

En efecto, la independencia de los jueces no es un invento reciente, ni ha sido una creación de la Sala de lo Constitucional actual. Es uno de los pilares en los que descansa nuestra democracia y es además un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Lo mismo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y eso es lo que se confirma en los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura.

La independencia judicial ha sido objeto de reiterados pronunciamientos y sentencias en las que se ha afirmado que desde los mismos procesos de elección de jueces, especialmente los referidos a las altas magistraturas, deben existir mecanismos que viabilicen esa independencia. Para el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que todo proceso de selección de altas magistraturas debe ser un proceso transparente, basado en criterios objetivos y que garantice la igualdad entre los aspirantes.

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho lo mismo y ha sido enfática en pedir el respeto a la independencia judicial. En realidad, las recientes sentencias de la Sala de lo Constitucional en las que se ha hecho alusión a la independencia partidaria –formal y material– de los jueces y otros funcionarios que ejerzan jurisdicción no son sino la reiteración de un derecho fundamental que siempre hemos tenido.

Por eso espanta que a estas alturas existan personas o grupos que con descaro vociferen que pretenden tomarse el Órgano Judicial, o que aplaudan a quienes eso intenten. No se ha podido justificar antes, ni tiene por qué justificarse ahora.

En el CEJ estamos decididos a dar una férrea batalla porque en el año 2018, nuestra Corte y más específicamente, nuestra Sala de lo Constitucional, esté conformada por magistrados independientes, por profesionales con una trayectoria intachable que tengan los méritos suficientes como para pretender ejercer tan digno rol.

Vamos a luchar contra cualquier intento –venga de donde venga– porque nuestra Corte Suprema de Justicia esté influenciada por políticas partidarias o por otros intereses espurios. Estamos seguros que en el gremio de abogados somos más los que queremos que se respete el estado de derecho.
 

Lee también

Comentarios

Newsletter