Tengamos presente que la dinámica del proceso nacional está haciéndose sentir en el día a día, y es ahí donde hay que empezar a corregir el rumbo

La austeridad debe organizarse de tal manera que vayan eliminándose los gastos superfluos, aun aquellos disfrazados de asistencialismo, para centrarse en lo que verdaderamente contribuye a generar prosperidad sostenible de manera generalizada.
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Los salvadoreños estamos aprendiendo a vivir en democracia, lo cual siempre es empeño educativo que requiere conocimiento, disciplina y aplicación progresiva de buenas prácticas. En otras palabras, no sólo se trata de haber adoptado la democracia como régimen de vida para que tal régimen funcione según se requiere, sino que es preciso irse entrenando en el curso de los acontecimientos para lograr la acumulación de experiencias que hace posible la consolidación del régimen. Nuestra democracia como esquema no está en crisis: lo que sí lo está es el manejo funcional de la democracia, y los actores políticos tienen en ello una responsabilidad de primer orden. Hay que recordarlo y señalarlo cuantas veces sea necesario.

En estos días estamos otra vez en una coyuntura muy propicia para hacer valoraciones sobre el proceso y para sentar bases estratégicas que le aseguren viabilidad: las elecciones legislativas y municipales se acercan, ya los partidos están en la ruta final de la selección de los respectivos candidatos y las demandas ciudadanas tienen que ser oídas con más atención porque para ganar el voto se requiere ponerse a tono con lo que la ciudadanía quiere y necesita. En este último sentido habría que aprovechar la oportunidad con más empeño que nunca, ya que si se presentan exigencias claras desde el nivel ciudadano y los partidos y sus candidatos hacen ofrecimientos concretos para darles respuesta, luego será posible reclamar el debido cumplimiento.

El punto decisivo está en posicionar al bien común como la brújula de todas las acciones institucionales, del tipo que sean. Para el caso, en lo que corresponde a los ajustes fiscales que son inevitables para entrar en fase de normalización del accionar estatal, lo que demanda el bien común es que se den los equilibrios que propendan al mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de todos los habitantes del país. La austeridad debe organizarse de tal manera que vayan eliminándose los gastos superfluos, aun aquellos disfrazados de asistencialismo, para centrarse en lo que verdaderamente contribuye a generar prosperidad sostenible de manera generalizada.

Otro aspecto que hay que atender con enfoque atinado es el referente a la erradicación de prejuicios en las relaciones intersectoriales. Y en este orden hay mucho por hacer en lo tocante a propiciar cooperación fructífera entre el sector público y el sector privado, ya que ambos están naturalmente llamados a poner lo suyo para que el país pueda desenvolverse como debe ser. No es posible que la normalidad prospere si lo que persiste es el juego de las desconfianzas y las descalificaciones, como ha venido ocurriendo hasta la fecha. Hay que abrir un nuevo capítulo al respecto, en el que las voluntades se pongan en línea con los intereses de todos.

Insistimos en el imperativo de reorientarnos como país hacia un horizonte donde las grandes metas del desarrollo puedan ser alcanzables. Es decir, tenemos que redireccionarnos en el día a día, a fin de que la dinámica del proceso nacional se encarrile por ese nuevo rumbo en el que puedan irse cumpliendo las aspiraciones y las expectativas ciudadanas. Sólo el tratamiento inteligente y responsable tanto de las afinidades como de las diferencias permitirá dinamizar esa renovada hoja de ruta.

Empecemos a trabajar ya en todos esos propósitos inaplazables, y aunque el tiempo perdido es irrecuperable hay que evitar seguir perdiéndolo de hoy en adelante.

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