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Tercer mes en excepción, sin debate y sin rendiciones

Un fin en sí mismo para mantener a los administradores del gobierno fuera de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, para fortalecer la imagen de un Estado cercano y útil en la impresión colectiva, y para mantener un flanco de ataques contra críticos, librepensadores, investigadores y opositores por igual.

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Otro mes de régimen de excepción, otro mes para que el gobierno pueda actuar sin someterse a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, otra vez una medida trascendental que se aprueba sin ningún debate y sin ninguna rendición de cuentas de parte de los funcionarios que han estado al frente de la operación del Estado a propósito de esta iniciativa.

¿Qué ponderación hace el gobierno de los riesgos que la excepción siguen suponiendo para la población honrada, la posibilidad de que la licencia que ahora gozan los cuerpos de seguridad no devenga en una alienación de sus cuadros, el aumento de la mora judicial y la desatención de otros delitos que continúan acosando a la nación? ¿O los resultados de las 35 mil capturas han sido lo suficientemente buenos como para no atender a las otras variables ni desandar un centímetro el camino?

Antes del estado de excepción, en la llanura de homicidios entre noviembre y fines de marzo, El Salvador gozó de cifras igualmente esperanzadoras en el combate de los homicidios. ¿Por qué el despliegue militar, la presencia policial en barrios y colonias donde antes la autoridad brillaba por su ausencia, el endurecimiento del discurso y la libertad gubernamental para contratar y comprar sin respetar el proceso de ley son necesarios ahora? No lo fueron antes, cuando se presumía de un control territorial granítico, tal cual lo confirmaban las cifras.

Entonces, ¿qué cambió? ¿Cuál fue la lógica de los terroristas que desataron la ola homicida de hace dos meses? El gobierno no ha dicho nada al respecto, la Policía y la Fiscalía General de la República aún no brindan su explicación, ni siquiera una hipótesis de lo ocurrido. Igual de firme ha sido el silencio del gobierno luego de que publicaciones periodísticas revelaron que al menos un miembro del gabinete sostuvo comunicación con miembros de esos grupos delincuenciales luego de la ola homicida.

Ese modo de gobernar, con mutis en las coyunturas que más bien requerirían de explicaciones y rendición de cuentas, no es recomendable. El albedrío de acción del que gozan GANA y Nuevas Ideas merced a la aritmética legislativa y a su influjo sobre el órgano judicial les permite administrar de esa manera al aparato del Estado, pero en política lo que puedes hacer nunca es sinónimo de lo que debes hacer.

Tan poco aconsejable ha sido la negociación secreta de prebendas y beneficios a los pandilleros desarrollada durante administraciones anteriores como la concentración exclusiva en la función punitiva y represiva, con el agravante de que para desplegarla se haya tenido que suspender garantías constitucionales durante 90 días. A los potenciales vejámenes a la ciudadanía que esto supone debe agregarse el deterioro a la convivencia. ¿La transformación de la intolerancia en condición natural de la función pública puede aportar algo más que deterioro a la convivencia nacional?

Mientras no se individualicen las responsabilidades por la autoría intelectual y material de los asesinatos de la ola homicida de fines de marzo, es posible entender el estado de excepción como un fin en sí mismo y no como una herramienta en el esclarecimiento de esos crímenes. Un fin en sí mismo para mantener a los administradores del gobierno fuera de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, para fortalecer la imagen de un Estado cercano y útil en la impresión colectiva, y para mantener un flanco de ataques contra críticos, librepensadores, investigadores y opositores por igual.

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