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Terrorismo económico

El Gobierno salvadoreño se verá el 8 de octubre próximo obligado a declarar su insolvencia, mas no se preocupa por resolver el problema:
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descarga en la oposición política la muy seria responsabilidad de resolver dicha cuestión, logrando así la prosecución de sus fines económicos, basados en la ideologización y la corrupción, entronizadas en la administración pública. La oposición, en el mejor de los casos, lo único que puede hacer es retrasar dicho “default”, concediendo al Gobierno autorización de los préstamos que necesita para pagar a los tenedores de la deuda soberana los 1,000 millones de dólares.

Los 900 millones de dólares aprobados de forma fraudulenta y luego declarados inconstitucional muestra la forma corrupta en que se vienen haciendo las aprobaciones en la Asamblea Legislativa, como generalizada práctica, iniciada desde 2006 cuando, por sugerencia del presidente Elías Antonio Saca, se creó un fidecomiso sin dinero, pero con la capacidad de emitir deuda pública, evadiendo así el control de la mayoría calificada, necesaria para crear un endeudamiento soberano. Si bien no se llevó el caso a la Sala de lo Constitucional, el FMI sí recomendó que tal práctica no se volviese a efectuar.

Hoy, el FMLN ha procedido de manera aún peor: utiliza el terrorismo económico para buscar la aprobación de un nuevo endeudamiento. Usa las consecuencias del “default” como un arma económica, pues las consecuencias de no pagar serían la baja inmediata de la calificación soberana; luego, un alza en las tasas de interés privado y la suspensión de préstamos del FMI y de otros créditos que necesita el país. Implicaría también que las AFP no comprasen, aunque la ley lo mande, más deuda soberana. Todo esto, en un efecto dominó, que llegaría a complicar nuestras exportaciones y nuestro sistema actual de economía, que se basa en servicios.

Afirma el FMLN que carece de un plan alternativo para enfrentar la crisis y así, para salvar la economía, dejar sin cumplimiento las condiciones impuestas por el FMI, que se pueden resumir así: disminuir el gasto público, mejorar los controles internos para evitar la corrupción y solventar el problema previsional. En realidad, el Gobierno sí tiene un plan alternativo –el cual lo ha expuesto Salvador Arias en sus entrevistas televisivas–, consiste en la desdolarización y saquear la economía privada, mediante un tipo de cambio paralelo como el venezolano y, sobre todo, usar el poder del Estado, para un cobro expedito de impuestos, sin los debidos mecanismos de recursos, que caracterizan al Estado de Derecho.

La oposición ha exigido, como único requisito, una Ley de Responsabilidad Fiscal, que limite los gastos del Gobierno y obligue a la claridad en el destino y uso de los fondos públicos. Sin embargo, el Gobierno, que ya aceptó firmar dicha ley, la ve como un elemento, dentro de un pacto fiscal más amplio, y quiere imponer que las limitaciones del gasto público serán solo conforme a las necesidades que determine el Ejecutivo y no la racionalidad fiscal y que dichos fondos deberán ser sufragados por la empresa privada, sin importar el estado de la economía nacional.

No quiere el ciudadano común más derroches de los dineros públicos, que desaparezcan del presupuesto ya aprobado y terminen en los bolsillos de los funcionarios corruptos. Los efectos de un “default” son una realidad que nos arrastrará al caos económico y los economistas lo saben, pero ceder ante la extorsión del Gobierno; el evitar tal caos traerá un desgaste político para la oposición, si no hace sentir a la sociedad salvadoreña su gestión opositora. Es muy probable que se evite el “default”, por ahora, pero se presentará dentro de un año nuevamente el mismo problema.

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