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Tiempos de turbulencia y esperanza

Para muchos, los acontecimientos de las últimas semanas, marcados por el protagonismo de la FGR –con el acompañamiento efectivo de la PNC– constituyen un hito en la investigación y persecución del delito.
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A la eficacia mostrada hasta ahora por el ministerio público, se agrega el asombro de la ciudadanía al constatar la existencia de estructuras criminales mucho más complejas, sofisticadas y perversas de lo que se imaginaba. No constituyen una minucia, los hallazgos de la “operación Jaque”, las evidencias contundentes del saqueo al erario nacional y, sobre todo, la prostitución de la justicia. La pregunta es: ¿tenemos la capacidad material, la valentía y honestidad que demanda la complejidad de la problemática involucrada y, sobre todo, la certeza de que el proceso no será interferido por el omnipresente manoseo político-partidario?

Sin obviar los hallazgos y los subsecuentes desarrollos de dicha operación, no puede pasar desapercibida la actitud de conocidos actores políticos de descalificar irresponsablemente a la FGR y más delicado aún, la de adoptar posiciones que sugieren amenazas propias de los regímenes dictatoriales; afortunadamente, en proceso de extinción. Pero para su desencanto, las primeras evidencias de los ilícitos cometidos están ahí. Y si ello es así, lo menos que la población puede pensar es el intento de torpedear un proceso que recién se inicia, mientras espera el imperio de la justicia. Calificar el tratamiento de problemas que pueden incluso poner en riesgo la gobernabilidad democrática, como simples “shows mediáticos” o de “vendettas políticas”, solo puede ser atribuido a un síndrome donde el temor y la culpa eclipsan esa aureola angelical con que se presentan en sociedad. Y si de actitudes contestatarias y amenazantes se trata, basta recordar el acoso a que ha sido sometida la SC por las sentencias igualmente históricas, muchas de las cuales han puesto freno a las intenciones dictatoriales del partido gobernante.

Bajo estas circunstancias tampoco podían faltar los ataques a los medios. No sobra reiterar que en los países del continente, gobernados por déspotas, corruptos y cínicos, uno de sus objetivos consiste mantener desinformada a la población. Lo hemos visto en la Argentina, Bolivia, Ecuador y, con mayor contundencia, en la sufrida Venezuela. Los que arremeten contra los medios no procesan la idea de que la información que estamos recibiendo constituye un bien preciado del que carecen esos países.

Entonces, ese reconocimiento muy extendido de que la institucionalidad está funcionando –a partir primero de las actuaciones de la SC y ahora con el papel igualmente histórico de la FGR– va aparejado de un sentimiento de preocupación. Este se nutre –independientemente de otros problemas cotidianos– precisamente de las reacciones irresponsables provenientes de los mismos centros de poder, que sin duda ven en esta nueva forma de aplicar la justicia un golpe directo a sus intenciones aviesas de gobernar bajo prácticas que la sociedad rechaza, especialmente cuando recuerda que quienes nos dirigen fueron fieros críticos de los desmanes cometidos en el pasado, pero que hoy son afectados por la amnesia.

Sin duda, por lo que estamos observando, e independientemente de la gravedad de los hechos investigados y de la identidad de los supuestos involucrados –o acaso por esto mismo–, se corre el riesgo de que se intente torpedear los procesos iniciados, y esto incluye minimizar pruebas contundentes como las escuchas telefónicas en un caso en particular. Las reacciones ante las sentencias de la SC que han anulado decisiones tomadas mediante atropellos descarados a la Carta Magna y los frecuentes desacatos a los mismos en la propia AL obligan a la ciudadanía a mantenerse alerta. De por medio están, en ambos casos, un basta ya a la corrupción, la impunidad y a los intentos de tomar por asalto todo el Estado. Precisamente por esto, e independientemente de quiénes están siendo investigados por sonados casos de corrupción y prostitución de la justicia, debemos darle nuestro respaldo incondicional a la FGR y a la Sala de lo Constitucional.

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