Toda crisis deja lecciones, pero la clave está en interpretarlas y asumirlas

En lo referente al tema de la Corte Suprema de Justicia, se arribó a una solución que no dejó satisfechos a todos, pero que logró preservar lo fundamental: la integridad de la justicia constitucional.
Enlace copiado
Enlace copiado
<p>La temperatura del llamado “conflicto entre poderes” subió hasta niveles sin precedentes en el ambiente, pero ha venido bajando desde que se hizo patente que nadie podía mantenerse en sus trece y que, por consiguiente, había que pasar a la búsqueda de soluciones políticas. En lo referente al tema de la Corte Suprema de Justicia, se arribó a una solución que no dejó satisfechos a todos, pero que logró preservar lo fundamental: la integridad de la justicia constitucional.</p><p>Desde luego, la crisis desatada tiene, en su trasfondo, aspectos que van más allá de ese enfrentamiento específico entre lo que hizo la Asamblea y las sentencias de la Sala: lo que se ha medido aquí es el temple que ha venido ganando el Estado de Derecho en el país y el estado en que se encuentra la impunidad política e institucional en este momento de la evolución democrática.</p><p>Al respecto, las primeras lecciones positivas de esta crisis nos indican lo siguiente: pese a todos los obstáculos y las resistencias que viene encontrando en su trayecto, la construcción del Estado de Derecho muestra signos de suficiente vitalidad para permitirnos confiar en los avances sucesivos; y, en lo tocante a la impunidad política, que durante el largo período anterior al inicio de la democratización y aun en el tramo que llevamos recorrido de ésta ha tenido tanta incidencia en la vida nacional, lo que ahora podemos constatar es que sus espacios se van haciendo cada vez más estrechos. Para el caso, el hecho de que la Asamblea Legislativa haya tenido en definitiva que ajustarse a reconocer el imperio de la justicia constitucional, aunque sea de manera implícita, es la mejor muestra de que la legalidad le está ganando terreno a la arbitrariedad.</p><p>Ahora se está ante el reto de elegir al nuevo Fiscal General de la República según el procedimiento constitucional debido. Hay negociación política, pero sin las tensiones del momento inmediatamente anterior. Esto es así porque las lecciones básicas de la crisis están dadas, y ya no hay posibilidad de salirse por la tangente con argucias artificiosas, como fue la de acudir a una instancia internacional incompetente. De la mesa interpartidaria saldrá el próximo titular de la Fiscalía, e, independientemente de quién sea, de seguro de aquí en adelante habrá bastante más atención ciudadana sobre el desempeño de dicho funcionario, así como la hay con bastante más precisión que antes sobre el trabajo de la Asamblea y sobre el desempeño de la Corte. </p><p>Es claro que uno de los resultados más reveladores y prometedores de esta crisis ha sido la participación ciudadana en función de un sano desenlace de la misma. Esto nunca había ocurrido antes, y menos aún en las dimensiones de lo que se ha visto en las actuales circunstancias. La ciudadanía se hace sentir, y los actores políticos e institucionales no pueden hacerse los desentendidos frente a la misma sin exponerse a cargar con costos muy elevados, sobre todo dentro de la atmósfera electoral que vivimos. </p><p>La Constitución, de resultas de todo esto, también ha ganado un protagonismo inédito en nuestro ambiente. De ser un ente abstracto, en la zona donde sólo se mueven los especialistas, está pasando a ser una presencia cotidiana en la vida del ciudadano común. Este efecto, inequívocamente democratizador, debe ser capitalizado y potenciado sin reservas. Avanzamos, pues, y hay que fortalecer el avance. Las nuevas crisis, que de seguro aparecerán en el recorrido, ya no nos tomarán tan desprevenidos como estábamos ante ésta.&nbsp;</p><br />

Tags:

  • opinion
  • editorial

Lee también

Comentarios

Newsletter