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Todas las condiciones de la realidad que vivimos hacen cada vez más imperativo que en todo caso se aplique la ley sin vacilaciones ni medias tintas

Ley en mano, y sin contemplaciones de ninguna índole, habría que atacar a fondo a los delincuentes de todo tipo y a las estructuras a las que pertenecen. Esto debe ser una práctica común y constante, que permita revertir de veras lo que ha venido ocurriendo: que la criminalidad está a la ofensiva y la autoridad a la defensiva.
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La lucha contra la criminalidad en sus diversas expresiones y la aceleración de los esfuerzos para ir mejorando la seguridad ciudadana son ahora mismo tareas de primer orden y de primer nivel en la agenda nacional. Hemos llegado a un punto en que las cosas no pueden seguir como están bajo ningún concepto, y tanto la institucionalidad como la sociedad se hallan en el límite de sus respectivos aguantes. En lo que se refiere al acoso que ejerce la delincuencia pandilleril contra la autoridad se está ante una especie de guerra frontal en el terreno y en lo tocante a lo que vivimos los ciudadanos en las distintas comunidades del país la preocupación se va convirtiendo en desesperación en la medida que se agudizan los ataques desalmados de toda índole.

Quedó claro hace ya bastante tiempo, y en forma irrebatible, que si algo no sólo no funciona sino que desata efectos contraproducentes del más alto riesgo es tratar de entenderse con los entes criminales, cualesquiera sean los argumentos justificativos que se usen al respecto, como ocurrió con la nefasta tregua de 2012, que empezó como lo que parecía un esfuerzo de buenas voluntades concertadas y acabó como un fiasco de movimientos artificiosamente calculados. Las tentaciones gubernamentales de obtener beneficios de imagen por esa vía se han ido disolviendo, y es muy saludable que así sea porque si al quebranto que ya está sufriendo la legalidad en el terreno se le agregan factores nocivos que la trastocan y la debilitan aún más puede llegar un momento en que el mal no tenga retroceso.

En verdad el punto crítico de la cuestión es la eficacia del sistema para asegurar, de manera plena e inequívoca, que la legalidad está debidamente defendida y preservada por una autoridad que es capaz de someter a todos los que la quebranten, tengan la organización que tuvieren. Hasta el momento, no se ve en el campo de los hechos que la efectividad debida en esa lucha tenga el poder de hacerse valer por encima de todas las estrategias y acciones del crimen.

Hay un conjunto de medidas extraordinarias puestas en marcha, pero las respuestas criminales no se hacen esperar, y van dirigidas a golpear a los que ejercen la autoridad en el terreno, como son los miembros de la Policía y de la Fuerza Armada. Ante ese embate, hay ahora otro plan en marcha, el llamado Némesis. Pero evidentemente se necesita mucho más que acciones focalizadas: hay que mover toda la institucionalidad correspondiente no sólo para la defensa sino más bien para el control definitivo de la situación. Ley en mano, y sin contemplaciones de ninguna índole, habría que atacar a fondo a los delincuentes de todo tipo y a las estructuras a las que pertenecen. Esto debe ser una práctica común y constante, que permita revertir de veras lo que ha venido ocurriendo: que la criminalidad está a la ofensiva y la autoridad a la defensiva.

Sin dejar de respetar los derechos básicos de todos, aun de los que delinquen, hay que perseguir a éstos hasta las últimas consecuencias, porque esa es la única vía para ir limpiando el ambiente de toda contaminación criminal. Esto requiere desde luego un plan estratégico de trabajo que habrá que ir desplegando en el tiempo, porque desmontar todo el tejido perverso de la criminalidad requerirá coherencia y perseverancia. El objetivo final es y debe ser en todo caso y circunstancia que los salvadoreños podamos sentirnos seguros de veras en un ambiente donde la ley impere sin fisuras ni distorsiones.

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