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Todos los procederes institucionales deben ser en todo caso transparentes y confiables

La defensa de la democracia y de su régimen de libertades no se puede dejar de lado ni un solo instante. Las maniobras hegemónicas y acaparadoras, independientemente de dónde vengan, tienen que ser cortadas de tajo.
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Uno de los requisitos básicos para que el desenvolvimiento democrático pueda cumplir su verdadero cometido en los diferentes planos sociales e institucionales consiste en asegurar que todo lo que se haga dentro de dicho desenvolvimiento se ajuste a la legalidad establecida sin excepciones ni desviaciones. Dentro de una democracia bien concebida y bien ejercida, los equilibrios son absolutamente indispensables, porque justamente se trata de que nadie pueda asumir controles hegemónicos de ningún tipo. Actuar con el propósito de que las instituciones estén al servicio de intereses políticos o de líneas ideológicas es atentar contra la lógica democrática elemental.

En nuestro país, se siguen evidenciando intentos muy concretos de control de instituciones por parte de aquéllos que no ocultan su intención de acaparar el poder para ponerlo a su servicio. Y ahora mismo, lo que sale a la luz en el caso de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) es una muestra palpable de ello. La Junta de Directores de la SIGET se configuró para garantizar un equilibrio en las decisiones, a fin de posibilitar la seguridad jurídica y la salvaguarda de los intereses nacionales en un campo donde se abren siempre muchos riesgos por la magnitud de los recursos económicos en juego y por la posibilidad de manipulación dentro de las áreas que corresponde manejar.

El Gobierno, con los fines aludidos, llevó a cabo una reforma reglamentaria distorsionadora para asegurar el control de la Junta de la SIGET, haciendo que el representante del sector privado surgiera de la decisión del gobernante de turno; así la SIGET se convierte en un instrumento al servicio de lo que la gestión gubernamental disponga. Aquí está también en juego la intención de poner el ejercicio de las comunicaciones a la orden de la línea gubernamental instalada. Es enteramente comprensible, entonces, que los que buscan defender la normalidad jurídica agredida hayan acudido a la justicia constitucional para tratar de corregir el aparatoso entuerto.

En términos generales se han venido dando avances significativos en el ámbito de la limpieza institucional, aunque desde luego aún queda muchísimo por hacer. La despartidización de las cúpulas de entes tan decisivos como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal Supremo Electoral es un dato de gran importancia en la ruta de una verdadera modernización democratizadora, y resulta relevante recordar que las reformas correspondientes no surgieron de acuerdos políticos sino de decisiones de la justicia constitucional. No es casual, entonces, que el poder establecido ande buscando todas las vías a su alcance para desacreditar a los magistrados que tomaron las decisiones correctivas y para hacer que la próxima Sala deje de ser independiente y vuelva a ser dócil y controlable.

La credibilidad y la transparencia son factores insoslayables para que el proceso nacional se mantenga en ruta de avance positivo. La defensa de la democracia y de su régimen de libertades no se puede dejar de lado ni un solo instante. Las maniobras hegemonistas y acaparadoras, independientemente de dónde vengan, tienen que ser cortadas de tajo. Lo que toca es fortalecer la democratización a toda costa, para darle a la ciudadanía lo que merece en buena ley y para hacer que la política se ajuste a lo que la realidad le impone.

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