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Trabajo en conjunto: Apuesta para una sociedad más justa

Para el año 2010 solo en el área urbana del país se contabilizaron más de 2,000 asentamientos urbanos precarios (FLACSO, PNUD, MINEC, 2010).
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Estos no solo se ubican en municipios con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), también se pueden encontrar en los que poseen alto desarrollo como Antiguo Cuscatlán o Santa Tecla, número 1 y 2 del IDH, respectivamente, o en la misma capital. Tampoco se encuentran únicamente en países con rasgos económicos o de desarrollo social similar al nuestro, sino están presentes en la región latinoamericana, en países con economías más fuertes y democracias más consolidadas como Uruguay, Chile o Colombia.

Los asentamientos humanos precarios representan, a lo largo de Latinoamérica, en esencia, la expresión tangible de la ausencia de derechos humanos, como el acceso a la seguridad jurídica de la tenencia sobre la tierra, agua potable y alimentación, seguridad, educación, etcétera. En la comunidad Altos de Matazano, en Santa Tecla, podemos observar que, con una población de 50 menores, 46 % de estos no asiste a la escuela, uno de los motivos principales es el económico asociado al inicio de una vida laboral a temprana edad ante la situación de pobreza (TECHO, 2016).

Desde una perspectiva pública existen diversos actores que deben responsabilizarse ante los asentamientos. Uno de los principales que debe participar en el tema son los gobiernos locales, de acuerdo con la legislación municipal están obligados a orientar su trabajo en función del desarrollo local y a las necesidades e intereses comunes de la población de todas las localidades, en otras palabras, sus acciones deben de dirigirse a poblaciones vulnerables, como las de los asentamientos precarios.

Sin embargo, fijar en la agenda municipal a los asentamientos precarios es un reto, puesto que las familias que conforman los asentamientos no son un grupo de interés principal para los alcaldes o concejos municipales, por simple aritmética electoral o de votos. A pesar de ello, TECHO continúa realizando un trabajo junto a las familias, que aboga por la materialización de derechos humanos, organización comunitaria, autogestión y Derecho a la Ciudad ante distintos gobiernos locales.

La generación de alianzas entre comunidad, alcaldías, empresa privada y voluntariado de TECHO ha permitido trabajar en los últimos meses junto a más de 250 familias en ocho comunidades, desarrollando proyectos de levantamiento de información, construcción de infraestructura comunitaria, construcción de viviendas, programas de educación y prevención de violencia primaria, etcétera. Existen oportunidades de transformar realidades cuando hay trabajo en conjunto, si todos reconocemos nuestra corresponsabilidad ante la pobreza y los asentamientos.

A pesar de estos esfuerzos, 2.5 millones de salvadoreños aún se encuentran al borde de la pobreza (PNUD, 2014), lo cual hace necesario que se tomen acciones urgentes y en conjunto para enfrentar la problemática y construir así una sociedad más justa.

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