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Tramitomanía

En el más reciente Índice de Competitividad Global (ICG), publicado en octubre de 2019 por el Foro Económico Mundial, El Salvador ocupa la posición 103 de 141 países evaluados, descendiendo así cinco puestos respecto al año 2018. En el subíndice denominado "Carga de regulación gubernamental", El Salvador está entre los peor evaluados, ocupando el puesto 131.

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El Diccionario de la Lengua Española define la tramitomanía como el "empleo exagerado de trámites". Así, podemos asegurar que, de acuerdo con el puntaje del ICG, somos un país "tramitomaníaco". Este vicio —con raíces, incluso, culturales— lastra nuestra competitividad y vuelve más tortuoso el camino al desarrollo y a la reducción de la pobreza, la cual se caracteriza por la vulneración de derechos civiles, políticos, económicos y sociales.

El 4 de enero de 2019, la Asamblea Legislativa hizo un aporte para intentar superar este problema con la aprobación de la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas (LEBB), que entró en vigor el 9 de abril del año recién pasado.

La referida ley define las barreras burocráticas como "la exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro que imponga cualquier entidad, carente de fundamento legal o razonabilidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, o bien que pueda afectar a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos".

Se esperaba que con la entrada en vigor de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA, el 13 de febrero de 2019) algunas de esas barreras burocráticas se superaran. Pero parece que, lejos de ello, en muchos casos la práctica y la cultura burocrática ha provocado que la aplicación del nuevo régimen derive en trámites aún más complejos y dilatorios. Eso, además de suponer una violación al principio de antiformalismo que la LPA reconoce, es, en algunos casos, una violación a la LEBB.

La autoridad que aplicará la LEBB será el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas (TEBB), de carácter administrativo, que debió conformarse a más tardar el 9 de julio del año recién pasado. El TEBB podrá hacer un control de los trámites para declarar la falta de fundamento legal o de razonabilidad de elementos, exigencias y requisitos de los mismos, y tendrá competencia sancionatoria en contra de los funcionarios que emitan tales barreras. Sin perjuicio que el alcance de este control administrativo, que permitirá considerar tales actos como nulos de pleno derecho, es considerado por algunos juristas como de dudosa constitucionalidad, lo cierto es que, sin dicho Tribunal, los funcionarios que incumplen con la LEBB actualmente no pueden ser sancionados.

Según la LEBB, el presidente de la República debe nombrar al presidente del TEBB e iniciar el procedimiento eleccionario para que las gremiales empresariales nombren un vocal. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, debe nombrar al primer vocal. Así, ambas autoridades son corresponsables de superar este atraso, de manera que es imperioso que de inmediato cumplan con su obligación.

Es preciso además que el Ejecutivo defina una hoja de ruta para solucionar la burocracia, modernizar el Estado y darle seguridad jurídica a los ciudadanos y a la inversión. El resto de funcionarios de las distintas instituciones del Estado también deben revisar cómo están administrando los procedimientos para cumplir con la LEBB y superar la tramitomanía que nos ancla en el subdesarrollo.

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