Transparencia en el Estado

La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la puesta en marcha del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) han significado un enorme avance en materia de transparencia. Sin embargo, se tratan de primeros pasos en un largo camino. Y siempre hay obstáculos en los caminos, algunos plantados por los creadores de la ley.
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Ha sido significativa la resolución del IAIP sobre la obligatoriedad de la Asamblea Legislativa de revelar en detalle su presupuesto anual. No se trata de saber los montos totales nada más. Si solo nos quedamos con esto, al hacer el comparativo nominal, pues resulta que la Asamblea es el órgano de Estado que menos gasta (es muchísimo menos que el Ejecutivo y el Judicial).

Pero todo es relativo, porque no puede compararse la administración de justicia en todos los tribunales a lo largo del país o las asignaciones para los ministerios de Salud Pública y Justicia y Seguridad con el funcionamiento de un órgano formado por 84 diputados y sus colaboradores.

El IAIP ha ordenado que la Asamblea Legislativa dé el detalle de su presupuesto. De cuánto gasta cada una de las bancadas parlamentarias en contratación de personal (así sean llamados asesores —que ya no lo hacen, para evitar dar cuentas—, colaboradores, asistentes o como quieran llamarles) o cuánto tiene asignado cada uno de los 14 miembros de la junta directiva (en total, LA PRENSA GRÁFICA divulgó que los directivos tienen un presupuesto combinado de $5.2 millones, pero los ciudadanos no sabemos cómo lo utilizan, es decir, cómo lo gastan).

Ese era el detalle que no quiere hacer público la Asamblea Legislativa. Durante el proceso con el IAIP, la presidencia envió un escrito diciendo que se había entregado la información requerida (es decir, el monto total del presupuesto, sin detalle).

“Los límites de este derecho no facultan a las personas a exigir información en detalle, razonamientos y explicaciones de manera antojadiza”, señala el escrito. Para no dar “explicaciones de manera antojadiza”, la Asamblea optó por publicar en blanco las casillas presupuestarias de las unidades operativas “para que no se filtrara información”, lo cual no deja de ser absurdo tratándose del más público de los órganos del Estado.

¿Es realmente “antojadizo” que los diputados nos digan en qué gastan fondos públicos la presidenta, los vicepresidentes y los secretarios de la junta directiva? ¿No es de orden público saber cuáles son los criterios de los jefes de los grupos parlamentarios para contratar personal, así sean colaboradores directos de los diputados?

Dicho sea de paso, la información en el Primer Órgano del Estado se maneja de manera tan discrecional que no todos los legisladores tienen acceso a ella. Prueba de esto es que uno de los nuevos diputados en el Congreso, Juan Valiente, pidió documentación y se la negaron, por lo que él mismo también ha demandado a la Asamblea ante el IAIP. Y es información que incluso incluye fondos de su propia bancada legislativa.

Lo importante es que el IAIP le ha dicho a la Asamblea que está obligada a entregar la información. Y que esto podrá aplicarse al resto de órganos del Estado y municipalidades. Para sacar también al Ejecutivo y al Judicial de la oscuridad. Porque no hay que tragarse el cuento de que solo la Asamblea está obligada. Es el Estado completo. ¿O acaso no funcionan con fondos públicos?

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