Transparencia y coherencia para avanzar hacia el desarrollo

Si no se honran los compromisos, cualquiera que fuere la justificación que se enarbole, la credibilidad nacional queda de inmediato en entredicho.
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El conflicto derivado de la negativa gubernamental a permitir que Enel capitalice sus inversiones en LaGeo, pues ello significaría el control accionario por parte de dicha empresa italiana, ha puesto al país de cara a la justicia internacional, con todos los efectos que eso podría acarrearle a la inversión externa en nuestro país. Hay dos fallos internacionales que rechazan la decisión del Estado salvadoreño en relación con dicho compromiso, y sigue abierta una disputa que podría radicarse en la justicia salvadoreña, con lo cual se haría más confuso el mensaje para aquéllos que tuvieran intenciones de venir a invertir en el país. Si no se honran los compromisos, cualquiera que fuere la justificación que se enarbole, la credibilidad nacional queda de inmediato en entredicho.

El argumento de que se trata de defender el patrimonio que pertenece a todos los salvadoreños se ha oído muchas veces, pero casi nunca corresponde a la realidad de lo que verdaderamente se está protegiendo. Para el caso, cuando se planteó allá a fines de la pasada década el tema de la concesión del Puerto de La Unión, cuyo proyecto modernizador estaba por ser finalizado, la resistencia derivó de intereses que pretendían ganar ventajas económicas de dicho proyecto. Y al final el punto de discusión no era lo que podría obtener el país de una concesión determinada, sino lo que podría recoger el Estado como beneficiario de la misma. Hoy está en marcha otra concesión, en condiciones bastante más reducidas, y aún no es posible prever lo que pasará.

Sobre el desempeño general de la CEL, viene siendo evidente desde hace mucho tiempo que el desempeño institucional nunca se ha caracterizado por la debida transparencia. En el ambiente prevalece la impresión de que ahí está radicada una de las “cajas chicas” de la gestión gubernamental; y sería hora de poner a la luz, en forma inequívoca, las cuentas correspondientes, en función de que vayan desvaneciéndose las zonas penumbrosas en el sector público. En otras palabras, toda esta temática necesita esclarecimientos suficientes y confiables.

En cuanto al caso específico del tratamiento a Enel, la cuestión continúa abierta y habrá que ver cuáles son los recursos legales de los que se hará uso para evitar la capitalización antes aludida. El tema no es de naturaleza exclusivamente jurídica, sino que toca de manera directa la coherencia y la responsabilidad con que se manejan los asuntos del desarrollo en el país.

Para esto precisamente sirve una línea de acción inequívoca, consistente y que funcione con independencia de los gobiernos de turno. Hay que tener en cuenta un punto clave, que debe interesarnos a todos: si los compromisos que se asumen en un momento corren el riesgo de ser cuestionados y revertidos en el futuro no hay forma de darle estabilidad al sistema y credibilidad al país. Los cambios de gobierno ya no deberían ser cortes para partir de cero.

El problema básico que vemos a cada paso en nuestra ruta hacia el desarrollo está centrado en la inexistencia de un proyecto de nación que permita trazar coherentes líneas de trabajo y asegurar propósitos definidos de antemano. Por ejemplo, no hay una política nacional de energía, así como tampoco la hay de producción agrícola ni de desarrollo educativo en función de las nuevas necesidades del progreso y la competitividad. Desde luego, hay que defender el patrimonio del país, pero hacerlo en forma seria, responsable y consistente con el verdadero interés nacional. Cada acción y cada reacción necesitan análisis y tratamientos adecuados.

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  • negativa gubernamental
  • Puerto de La Union
  • proyecto modernizador

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