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Trayectoria legislativa. Actuación repetitiva

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Eduardo Rohde Schell

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Desde diciembre de 1823 (a 197 años de su nacimiento) cuánta historia ha escrito la Asamblea Legislativa a través de sus sucesivas representaciones. Sin embargo, en los últimos tiempos, que es la razón de nuestro enfoque, su desempeño, según percepción del pueblo salvadoreño, ha sido insatisfactorio y confrontativo; no la discusión de temas de interés nacional, propio de una democracia, sino manteniendo posiciones alejadas de la fiel observancia de la Constitución, la cual juró cumplir y defender.

Los defensores del pueblo olvidan su especial investidura. La historia los etiquetó, impropiamente, como Padres de la Patria, pero un concepto popular muy en boga es aplicable a ellos. Burócratas: sujetos capaces de encontrarle mil problemas a una solución. Continuamente desoyen las advertencias de la Sala de lo Constitucional, Consejo Nacional de la Judicatura y el Centro de Estudios Jurídicos, de apegarse a la norma de exigir moralidad e instrucción notorias –y desvinculación partidaria– a los funcionarios que eligen.

Desde su creación, el Órgano Legislativo no ha respondido a las expectativas de la ciudadanía que le dio su voto. Los partidos que representan van y vienen con los años; algunos debutantes en la política; otros, con raíces paleontológicas. La gente ansía decisiones que mejoren el nivel de vida de los estratos de bajos ingresos y la sociedad en general alcanzar un verdadero desarrollo.

Aprovechando el abordaje del tema y los archivos sobre dicho Órgano de Estado constatamos que en 1823 los salvadoreños fueron convocados a elegir a un Congreso Constituyente. Para ello se nombraron quince diputados por la Intendencia de San Salvador y tres por la Alcaldía Mayor de Sonsonate, quienes, en reunión de marzo de 1824, designaron como presidente del mismo al presbítero José Mariano Calderón. Después de continuas sesiones, fue aprobado el Proyecto de Constitución del Estado, redactado por el presbítero José Matías Delgado y el Dr. Pedro Molina. El 12 de junio de 1824 se promulgó solemnemente la Constitución del Estado; primera Carta Magna existente en Centroamérica. Luego surgió la Constitución Federal. Al citado Congreso le tocó elegir como primer jefe de Estado a don Juan Manuel Rodríguez y la primera Corte Suprema de Justicia, presidida por el licenciado Joaquín Durán.

En resumen, cuánta agua ha corrido por la noria legislativa y, actualmente, sus miembros mantienen una actuación repetitiva, escasa de frutos.

El 28 de febrero de 2021 será fecha crucial para el país, porque se elegirán nuevos diputados. Ojalá se dé una renovación significativa y que el Tribunal Supremo Electoral estructure un buen andamiaje para que PLAGEL (Plan General de Elecciones) garantice comicios ágiles y transparentes. Los candidatos que pretendan un escaño deben estar compenetrados, esta vez, de su misión cívica en caso de ser electos: clara mentalidad de cómo debe desenvolverse un servidor público; apego fiel a su rol de integrante de uno de los Poderes del Estado, ejecutor de contrapesos, desvinculado de subyugamientos y sesgos y protagonista de consensos que generen leyes razonables; todo en abono de la institucionalidad del país. ¿Lograrán estos nuevos parlamentarios romper la actuación repetitiva de años, por la cual la ciudadanía los evalúa negativamente, de una forma más que expresiva, como lo es inclinando su pulgar hacia abajo?

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