Tregua... ¿para quiénes?

En estos momentos, organizaciones de pandilleros ofrecen a la sociedad salvadoreña una nueva tregua entre ellos, en su lógica por controlar más territorio donde victimizar a la población; tal vez esta iniciativa cuenta con menos apoyos externos que en el pasado, pero continúa estructurada con la misma sustancia que la primera, es decir, el chantaje, la amenaza y la violencia.
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En la vorágine actual, las maras están atacando incluso a miembros de la Policía y de la Fuerza Armada, pretendiendo mostrar así su capacidad para orillar a las autoridades a negociar una presunta tregua entre ellos, no con la ciudadanía.

Al menos, en esta ocasión, la Iglesia católica se ha distanciado de la iniciativa, restándole así el respaldo moral que recibió en el pasado.

Ahora bien, no dudo en interpretar la aspiración colectiva sobre este asunto, al afirmar que lo que desearía la ciudadanía es una tregua para ella y que los grupos marginales le devuelvan la tranquilidad de la cual le privan, constantemente.

Claro está que, desde una perspectiva humanista, ningún salvadoreño desea la muerte de las personas que integran las pandillas, pero la comunidad no tiene por qué asumir las consecuencias de la conducta antisocial de estos grupos, incluso si sus actividades solo afectaran, colateralmente, a personas ajenas a las maras.

Deberíamos rechazar cualquier iniciativa que suponga transgredir la ley para cobijar a grupos de personas que abiertamente desprecian las normas de convivencia social que la mayoría respetamos y utilizamos como parámetro para valorar la aceptabilidad o no de una conducta social.

Rudolph Giuliani señaló recientemente, en El Salvador, que no se debe negociar con delincuentes porque esto supone reconocerle beligerancia, es decir, concederles la importancia suficiente para tratar de resolver un conflicto entre partes con intereses legítimos, aunque en este caso, el conflicto que nos ocupa es el accionar delincuencial contra la población; si quieren pactar entre ellos, eso sería un asunto privado, pero si, fruto de esa negociación, se pretende postrar a la sociedad y explotar las debilidades de sus instituciones, tales acuerdos deberían ser combatidos por las autoridades de seguridad pública.

No se puede aceptar la tesis que ellos son parte de la solución, porque la solución definitiva al problema sería su disolución y en pureza, esto no requeriría de la interlocución del Estado; bastaría con que acordaran disolverse. Lo que pasa es que utilizan las debilidades institucionales para extorsionar a la ciudadanía y exigen prebendas para desarticularse; en otras palabras, quieren una fuente sustitutiva de ingresos a la extorsión, aunque le llamen programas de apoyo e inclusión en su discurso.

Naturalmente que los programas sociales deberían ampliarse para abarcar a más beneficiarios y ayudar a superar las condiciones de pobreza en que viven muchos compatriotas, pero estos programas no deben considerar como criterio de focalización que los destinatarios sean pandilleros, preferentemente.

Zygmunt Bauman –sociólogo polaco–, por ejemplo, en uno de sus libros: “Ciudad sitiada”, analiza este tipo de problemas asociados con la posmodernidad, destacando que estos se ven potenciados por las debilidades instituciones de muchas naciones que se ven imposibilitadas para controlar situaciones complejas como la pérdida de valores, la falta de identidad y el pobre sentido de pertenencia nacional.

Esto está relacionado con la extensión regional de estos grupos marginales que han llegado a sitiar, parafraseando al profesor Bauman, a la sociedad honrada y que la han obligado a amurallarse en sus vecindarios.

La tregua entre pandillas no debería atenuar la represión del delito, ya que tal iniciativa no favorece directamente al ciudadano, sino que a los delincuentes que desafían militarmente, incluso, a la Policía.

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