Tres días que no sirvieron más que para romper posibilidades

Hay dos simplificaciones de las que la nación se lamentará inevitablemente, la que atañe a la delegación del poder y la que toca al ordenamiento jurídico. Sobre la delegación que el pueblo soberano hizo primero al Bukele candidato y luego al partido político que él fundó, en ningún momento, sentido ni escenario supuso una comisión para refundar república, irrespetar las leyes o desmontar el sistema democrático. Tal cual establece el Artículo 86 de la Carta Magna, los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.

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Según declaraciones brindadas ayer en televisión por el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, el gobierno de Joe Biden no está "de acuerdo con la decisión tomada por parte de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados y al fiscal general, a nuestro criterio lo mejor sería restaurar la situación que existía al 30 de abril".

Aunque un diplomático sólo puede brindar declaraciones hasta cierta temperatura y con un tono muy específico, lo de Zúñiga al final de su visita de tres días a El Salvador fue puntual; algunas fuentes sostienen que al mensaje que le brindó a Bukele no le faltó ni le sobró ninguna de esas mismas palabras.

Como respuesta, al menos para sus seguidores y la narrativa que lo conecta con ellos, el mandatario reiteró que las ilegalidades cometidas en la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa que ahora controla, mismas a las que él denomina eufemísticamente como "cambios", son irreversibles.

Así pues, a menos que Zúñiga o que Bukele estén simulando una posición para ganar tiempo o un poco más de terreno, las conversaciones de ambos gobiernos acerca de la agresión al Estado de derecho en El Salvador y la reversión de sus efectos se aproximan a un punto muerto.

Si lo que mueve a Biden y a su staff es una genuina preocupación por el rompimiento del entramado jurídico en nuestro país o si sólo le impulsan las eventuales afectaciones a los intereses comerciales de sus ciudadanos y empresas en nuestro patio o que sea una escaramuza relativa a su seguridad nacional no es lo importante. El potencial agravio a los derechos humanos de los salvadoreños tendría que bastar, no para que Biden se interese en estos 21 mil kilómetros de su vecindario, sino para que la misma ciudadanía cuscatleca se pronuncie.

Hay dos simplificaciones de las que la nación se lamentará inevitablemente, la que atañe a la delegación del poder y la que toca al ordenamiento jurídico. Sobre la delegación que el pueblo soberano hizo primero al Bukele candidato y luego al partido político que él fundó, en ningún momento, sentido ni escenario supuso una comisión para refundar república, irrespetar las leyes o desmontar el sistema democrático. Tal cual establece el artículo 86 de la carta magna, los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.

No hay un apartado constitucional que a más votos, más facultades; ni las elecciones son una feria pueblerina en la que a más aciertos más grande el premio ni vivimos en una monarquía en la que el antojo de un hombre justifique la violación de una esfera del poder de parte de otra. El Gobierno además de representativo es republicano y democrático según establece ese libro que el presidente y sus pasapapeles deberían leer a diario.

Y la otra simplificación tiene que ver con el ordenamiento jurídico. Ayer, en desafortunadas declaraciones, el vicepresidente de la República, flamante en su silencio y omisiones pese a ser conocedor del Derecho, relativizó lo dicho por Zúñiga arguyendo que el enviado no conoce a profundidad nuestra jurisprudencia constitucional.

Lo que desvela a los salvadoreños que aún aprecian la democracia no es un debate sobre qué tanto saben o no las otras naciones acerca de nuestras leyes y su inspiración; lo que le quita el sueño a los republicanos de este país es qué tanto recuerdan nuestros funcionarios sobre los dolores que nuestra historia recogió cada vez que el Estado se coligó con la impunidad.

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