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Tribunales de alzada

Decididamente en estos días se ha puesto de moda llamar golpe de Estado a todo aquello que no nos gusta o no nos conviene.
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En España, el rey Felipe VI resolvió disolver las cortes y convocar a nuevas elecciones legislativas para el 26 de junio próximo. En Brasil se anuncia que Dilma Rousseff acortaría su mandato y propiciaría, mediante una enmienda constitucional, un llamado a elecciones generales para el 2 de octubre venidero.

Para los españoles no quedaba alternativa tras el fracaso de las gestiones del jefe del socialismo, Pedro Sánchez. Este buscó todos los atajos posibles para ser presidente del Gobierno. No hizo ascos a derechas –salvo el PP– e izquierdas para conseguir un cargo para el que solo lo votó uno de cada cinco ciudadanos.

Al PSOE no le fue bien en las elecciones de diciembre y seguramente no le irá mejor en las de junio. Quizás peor: la ambición y desesperación de Sánchez por llegar no le hizo bien a su imagen. Cierto que era su primera, única y quizás última chance, difícil que tenga otra, pero no lo disimuló y eso se paga en imagen. Y más aún cuando el gesto es soberbio; Sánchez debería saber que en la vida, y más en política, la soberbia, a la corta o a la larga, no paga y que la humildad cuando es muy proclamada es la mayor de todas las vanidades. Hace unos pocos días, ya fracasado en su intento concluyó: “¿Me habéis escuchado alguna vez quejarme de las críticas? Ninguna. Soy lo suficientemente humilde como para saber aceptar y distinguir cuáles se hacen en tono constructivo y las que no” (negrita propias). Modestamente: más claro echarle agua.

No quedaba otra, entonces, que un nuevo llamado a elecciones, aunque no es tan seguro que de ahí, finalmente, surja “la” salida. La voluntad y el parecer de los electores españoles es bien variado y veleidoso. Por ahora es una lotería en la que ayudan muy poco lo que dicen las encuestas. Más bien todo lo contrario.

En Brasil, en cambio, adelantar las elecciones puede ser un primer e importante paso para salir de la difícil situación política, económica y social que hoy acucia a los brasileños. Es a la vez la mejor alternativa para Dilma, la que propiciaría la enmienda, según O’Globo. Sobre ella pesa la amenaza de que en unos días –impeachment mediante– sea separada de su cargo de presidenta y sustituida por el vicepresidente Michel Temer. Por algo este, por su lado, considera que el adelanto electoral es un golpe de Estado, así como Lula y Dilma consideraban que es golpe de Estado el juicio político.

Decididamente en estos días se ha puesto de moda llamar golpe de Estado a todo aquello que no nos gusta o no nos conviene

Pero más allá del interés y quizás maniobra presidencial, realizar elecciones es conveniente y lo más pertinente. El juicio político, aunque previsto en la Constitución –lo de golpe de Estado es falaz–, tiene sus fundamentos, aunque discutibles y a investigar más a fondo. A ello se suma la eventual asunción de Temer, quien fue compañero de fórmula de Dilma y su aliado hasta hace unos días y además está acusado o sospechado de corrupción, por lo que puede resultar peor la enmienda que el soneto.

Paralelamente, cada vez resulta más inexplicable por qué la Suprema Corte Electoral no anuló el pasado acto comicial y llamó a nuevas elecciones. Sobre todo habiendo elementos acerca de irregularidades serias –que involucran al partido de gobierno, el PT, pero también a partidos aliados y de la oposición– que vician de nulidad a las pasadas elecciones ganadas por Dilma y Temer.

Ese hubiera sido el más rápido y atinado camino y el mejor para el Brasil de hoy.

Además, en casos como los analizados, qué mejor recurso que consultar a la gente que es la soberana y constituye el mayor y último tribunal de alzada.

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