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Hace unos días la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Delitos Informáticos, la cual contempla castigos para quienes cometan violaciones contra sistemas tecnológicos y de información, contra los sistemas de datos, faltas a través de la web contra menores de edad, adolescentes y personas con discapacidad, como la pornografía y delitos de orden económico.
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Sin embargo no se incluyó el artículo 24, que definía el castigo penal a los delitos contra el honor y la intimidad de las personas naturales y jurídicas a través de soportes informáticos, incluidas las redes sociales como un espacio de libre difusión del pensamiento, pero también el escenario ideal para despotricar y difamar a todos aquellos que piensan diferente, difundiendo información falsa y denigrante.

Es evidente que con la omisión del artículo 24 deja en la impunidad a quienes causen daños al buen nombre y la imagen de terceros a través de las distintas plataformas digitales y a quienes violenten los derechos fundamentales de las personas. Da tal suerte que los hechores intelectuales y materiales de estos delitos informáticos que se cometen a través de las redes sociales continuarán en la impunidad.

Elucubrando veneno puro en contra de todos aquellos que no piensan igual a ellos, pero no tienen los pantalones para mostrar su rostro y decir de frente lo que piensan, por esa razón se esconden a través de cuentas falsas, porque son incapaces de sostener una conversación en la que primen las ideas sobre las ideas. Es decir, no tienen nada que aportar más que chambres, rumores y calumnias.

En consecuencia una vez más los diputados que aprobaron la Ley de Delitos Informáticos se volvieron a equivocar, dado que quieren callar la libre difusión de pensamiento que hacen los medios de comunicación, versus un grupo de terroristas informáticos, que son amanuenses de unos cuantos que viven molestos porque se les cuestiona su proceder.

Por lo tanto la Ley de Delitos Informáticos debió ir dirigida hacia los troles y seudónimos que se escudan cobardemente en el anonimato, mientras que todos saben en El Salvador quiénes son los dueños de los medios de comunicación, entre ellos, los periódicos, de modo que ante esta guerra mediática en las redes sociales queda desprotegido el derecho no solo de los propietarios sino todos los que formamos opinión.

Digo lo anterior por el reciente ataque descubierto hacia LA PRENSA GRÁFICA, donde ha quedado en evidencia la premeditación y alevosía con la que se difamó y boicoteó su página, donde dañaron no solo el buen nombre del periódico, sino también la buena fama de su presidente y director general, don José Roberto Dutriz.

Ahora bien, LA PRENSA GRÁFICA se ha caracterizado por su imparcialidad, de hecho ha publicado a personas que son investigadas por enriquecimiento ilícito, tanto de la derecha como de la izquierda, lo cual es incómodo para los investigados, pero no por ello dejará de informar a la nación sobre actos arbitrarios, nepotismo o enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, muchos de los investigados tienen la opción de aceptar su conducta reprobable y dar la cara sobre los hechos de que se les acusan y desvanecer la situación o simplemente contratar a un grupo de terroristas cibernéticos para que disuadan la noticia auténtica que se generó en un medio serio y a partir de ahí trastornar la opinión a través de la difamación.

De manera que sin importar quién o quiénes estén involucrados en estos ciberataques, tiene que caer el peso de la ley sobre ellos. Para que haya precedente que no se puede jugar con el honor de las personas y quede impune.

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