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[email protected] día viernes de la semana recién pasada, impugnamos por inconstitucionales los Decretos Legislativos 764/2017 y 765/2017, mediante los cuales la Asamblea Legislativa eligió a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Esta decisión la tomamos luego de revisar el Dictamen de la Comisión Política y percatarnos de que la Asamblea volvió a incumplir sus obligaciones constitucionales. Para el caso, no puede saberse cuáles fueron los elementos que la llevaron al convencimiento de la moralidad y competencia notoria de los funcionarios electos, puesto que la Asamblea se limitó a hacer una etérea invocación de estos postulados, como si enunciarlos fuera sinónimo de verificarlos y de dejar constancia de tal verificación.

En cuanto a la independencia partidaria, ni el informe de la subcomisión creada al efecto, ni el dictamen de la Comisión Política, hacen alusión alguna a la manera en que pudieron comprobar que los vínculos partidarios no existían, o que, habiendo existido, no eran relevantes al momento de tomar la decisión.

Esto último adquiere sobrada importancia por lo que se conoció públicamente después de la decisión adoptada por la Asamblea, habiendo trascendido que al menos una de las magistradas electas podría tener vínculos partidarios o podría haberlos tenido en el pasado reciente. El hecho de que la Asamblea (ni en el informe de la Subcomisión ni en el Dictamen de la Comisión) no tenga ningún pronunciamiento al respecto, ya sea descartando o el vínculo o, al menos, restándole importancia para el caso concreto, pone en evidencia que no se condujo un procedimiento acorde a lo esperado; que no se cumplieron con las obligaciones constitucionales.

Tomando en cuenta la jurisprudencia constitucional que a estas alturas ya está consolidada, concluimos que existe un vicio en todo el procedimiento de elección de los magistrados de la CCR, pues no existe absolutamente ningún tipo de explicación de cómo, la Comisión Política primero, y la Asamblea en pleno después, considera que las personas electas reúnen estándares más elevados de moralidad y competencia notoria que el resto de candidatos, ni cómo lograron evidenciar la desvinculación partidaria en los funcionarios electos, resultando en un vicio de trascendencia constitucional que afecta toda la elección.

En el caso específico de la elección de los magistrados de CCR, la moralidad y competencia notoria, así como la independencia político-partidaria, son requisitos cuyo cumplimiento debe ser estrictamente verificado por la Asamblea; se trata de una labor que entraña los más elevados estándares de diligencia y cuidado.

En nuestra demanda, no hacemos ningún tipo de alusión a las credenciales que puedan o no tener las personas que han resultado electas; no es ese el punto. Lo que nos parece inapropiado y además inconstitucional es que la capacidad notoria de una persona se fundamente –únicamente– en el número de años que ha tenido en una institución, cuando no se conoce cuál ha sido su real desempeño durante ese tiempo; o por lo menos la Asamblea no parece haberlo investigado.

Y más inapropiado resulta el hecho de que esos mismos datos sirvan para tener por comprobada la moralidad notoria o hasta la requerida independencia partidaria.

Lo advertimos durante todo el proceso, pero no quedó mas remedio. Ahora tendrá que ser la Sala de lo Constitucional la que dictamine.

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