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Veremos qué pasa. Pero el caso da para preguntarse y responder de una vez por todas qué criterios deben prevalecer en la contratación de servidores públicos a todo nivel.
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<p></p><p></p><p>[email protected]</p><p></p><p>La Cámara de lo Laboral falló en contra del ministro de Hacienda. Le ordena cancelar el bono atrasado de 2012 a más tardar el 31 de enero del próximo año. Supongo que para entonces ya habrá vencido el contrato colectivo. Y le advierte que si nuevamente da como excusa que no fue solicitado a tiempo, le aplicará la parte final del inciso segundo del artículo 127 de la Ley de Servicio Civil. ¿Qué dice el artículo 127? Busco el Centro de Documentación Legislativa. </p><p>Decreto 507 del Diario Oficial 239, tomo 193, del 27 de diciembre de 1961: “Sin embargo, en aquellos casos en que sea necesario realizar algún procedimiento para la obtención de una prestación o servicio, el cumplimiento del contrato quedará supeditado al o los plazos indicados en la ley o leyes respectivas que al efecto regulen dicha situación, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurriese el servidor público por la demora injustificada del requerimiento del trámite correspondiente”. </p><p></p><p>¿Qué debe entenderse? Que se debe asegurar que se programan y aprueban en el presupuesto 2012 alrededor de $3 millones para honrar los bonos 2012. Y si se les ocurre privilegiarlos con un bono en 2013, el monto es el doble, es decir, entre $5 millones y $6 millones para bonos para el Ministerio de Hacienda. ¿Y las escuelas? También se debe asegurar que de manera excepcional el gasto se aplica en enero. Digo excepcional porque es usual que durante los primeros tres meses los montos presupuestarios por clase de gasto son los mismos del año recién finalizado. Y si no es factible cumplirlo, ¿tiene reparos o tendrá el ministro?</p><p></p><p>Con este caso, tal como lo reconoce la sentencia, estamos viviendo las implicaciones “de una acción reivindicativa por incumplimiento de contrato colectivo de trabajo, que deriva del recién reconocido derecho sustantivo a la contratación colectiva que al más alto nivel confiere a los servidores públicos el artículo 47, inciso último de la Constitución de la República, y que a nivel de legislación especial se regula en el articulo 101 de la Ley de Servicio Civil”.</p><p></p><p>¿Y qué plantea el artículo 101 de la Ley de Servicio Civil? “Los contratos colectivos de trabajo tienen por objeto regular, durante su vigencia, las condiciones que regirán los contratos individuales de trabajo en las distintas dependencias de las instituciones públicas y los derechos y las obligaciones de las partes contratantes”. ¿Y la Constitución? “Los patronos y trabajadores privados tienen derecho a asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas”. El Ministerio de Hacienda no es una entidad autónoma, pero “de manera general, tal derecho lo reconocen los convenios fundamentales de la OIT 87 y 98, ambos ratificados por El Salvador, y el artículo No. 7 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Carta Bogotá”. </p><p></p><p>Complicada la situación financiera que nadie quiere reconocer. Veremos qué pasa. Pero el caso da para preguntarse y responder de una vez por todas qué criterios deben prevalecer en la contratación de servidores públicos a todo nivel, qué modalidad de contratación es la más conveniente. La Subsecretaría de Modernización del Estado ofrece asegurar con la Ley de la Función Pública mérito, idoneidad, calidad, transparencia, igualdad, evaluación, desarrollo profesional, control, supervisión y también estabilidad. Estamos a la espera de esto, que fue vehementemente anunciado en la toma de posesión presidencial 2009. </p><p></p><p>Esto pasa por derogar de inmediato el marco legal confuso y tomar la decisión de modernizar el mercado laboral con una nueva ley que se respete. Con este caso, ¿significa que en toda la administración pública, incluyendo a todos los órganos del Estado, el sistema de contratación colectiva periódica (anual) sustituye la modalidad de contratación por ley de salarios y la de contratos especiales? Esto debe responderse porque no se vale la indiferencia a la enorme disparidad y distorsión en la contratación de personal en el sector público. Con el mismo trabajo, las diferencias salariales son enormes. Y tampoco se vale el sistema de privilegios escondidos para callar demandas salariales. Mientras que unos tienen un bono de $1,000 o más, otros piden $200. ¿Qué es esto?</p><p></p><p></p>

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